Los Ministerio Públicos ya cuentan con la facultad de solicitar la intervención de comunicaciones, información bancaria y geolocalización, en tiempo real, de personas acusadas de algún delito para beneficio de las investigaciones.
El pasado 6 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto, firmado por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero; en el que se establece que los Ministerios Públicos pueden solicitar a un juez la información antes mencionada “cuando se constate la existencia de indicios suficientes que acrediten la probable responsabilidad” de un posible delito.
Además, se precisa que podrán “ordenar directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada”.
No obstante, también ya cuentan con la facultad de solicitar “el aseguramiento de bienes propiedad de la o de las personas imputadas”.
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Cabe mencionar que el decretó se publicó luego de que, a inicios del mes pasado, el diario estadounidense The New York Times reveló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Ernestina Godoy, habría espiado a políticos de oposición e integrantes del partido oficialista.
Entre los presuntos espiados figuró el precandidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a Jefe de Gobierno, Santiago Taboada; la senadora panista Lilly Téllez, el legislador morenista Higinio Martínez y Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México.
De acuerdo con lo publicado con el medio estadounidense, la Fiscalía capitalina solicitó a la empresa Telcel los registros telefónicos, mensajes de texto y datos de localización de los antes mencionados por medio de un documento judicial. La dependencia a cargo de Ernestina Godoy negó los señalamientos de NYT y aseguró que "investiga con fines exclusivamente jurídicos”.