Desde la cárcel, acusado de delincuencia organizada, el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez busca contender a la presidencia de México.
Y para ello, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) prórrogas que le permitan cumplir con todos los documentos requeridos para ser un aspirante.
Sin embargo, el caso llegó ya a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de que el INE en varias ocasiones le negara un tiempo extra.
En uno de los oficios presentados al Instituto, Cosgaya Rodríguez pidió que se admitiera su solicitud al no tener las mismas condiciones que otros aspirantes pues tiene impuesta una medida cautelar que lo recluye “y ni se ha llegado a la fase intermedia del proceso penal a más de cuatro años que se le vinculó”.
Corte analizará la solicitud del coronel Emilio Cosgaya
La Dirección Ejecutiva del INE respondió que su negativa a prórroga no es por la suspensión de sus derechos electorales, sino por el incumplimiento de los requisitos cuya fecha límite fue a inicios de septiembre.
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“Por lo que hace a su solicitud de habilitarle la aplicación móvil para recabar el apoyo de la ciudadanía, le comunico que para que este lnstituto pueda otorgarle acceso a la misma, de acuerdo con el numeral 14 de los Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores (…) es necesario que primero obtenga la constancia de Aspirante a Candidato Independiente al cargo de Presidencia de la República, expedida por esta autoridad electoral”.
Ante las respuestas el coronel presentó una demanda de juicio a la ciudadanía ante la Sala Regional de la Ciudad de México que la remitió a la Sala Superior.
La misma denuncia ya fue admitida en la Sala Superior y el análisis sobre la procedencia de esta solicitud estará en manos de cinco magistraturas.
En 2019, a Emilio Cosgaya se le dictó prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos tras su detención en junio de ese mismo año.
Las irregularidades fueron detectadas cuando ocupó el cargo como gerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica de Pemex, con el sumaron cuatro militares implicados en la red que supuestamente beneficio a grupos huachicoleros.