El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio otro ‘golpe’ a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), al informar que solamente los jueces federales están autorizados para pedir que sustraiga información de un número celular.
A través de una tarjeta informativa, el CJF recalcó que las “personas juzgadoras federales son las únicas competentes para conocer las solicitudes de autorización de entrega de datos conservados de los equipos de comunicación móvil a la autoridad investigadora por parte de los concesionarios de telecomunicaciones”.
Lo anterior debido a que se busca proteger el derecho humano a la inviolabilidad de comunicaciones consagrado en el artículo 16 constitucional, de tal forma que la autorización de entrega de información de un número celular, es competencia federal.
“Por lo tanto, la entrega de datos a la autoridad investigadora, al implicar una restricción a ese derecho humano, no puede deslindarse de la protección establecida en el artículo constitucional; de ahí que para que surta efectos la obligación de su entrega, es indispensable la existencia de una autorización judicial federal”, señaló.
CJF da ‘golpe’ a Ernestina Godoy
Cabe señalar que la aclaración que realizó el Consejo de la Judicatura Federal fue considerado un ‘golpe’ a Ernestina Godoy, pues recientemente se dio a conocer que la fiscal ordenó a algunas compañías telefónicas entregar los registros telefónicos de políticos y funcionarios.
Fue el diario estadounidense The New York Times, quien acusó de espionaje a la funcionaria en contra de la senadora Lilly Téllez, el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, aliados de Morena e integrantes de alto perfil en el Gobierno de México.
"Al menos 14 órdenes escritas revisadas por The New York Times muestran que la fiscal general ordenó a la compañía de telecomunicaciones más grande de México que entregara los registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación, de más de una docena de destacados funcionarios y políticos mexicanos", se lee en la investigación publicada por los periodistas María Abi-Habib, Natalie Kitroeff y Emiliano Rodríguez Mega.
Según la investigación fue la empresa de telecomunicaciones Telcel la que fue obligada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a entregar los registros, que abarcaban desde 2021 hasta principios de este año.
No obstante, la propia Fiscalía desmintió de "manera categórica" haber solicitado a Telcel escuchas telefónicas o datos de geolocalización, tampoco pidió registros telefónicos de políticos como Lilly Téllez o Santiago Taboada, "esta Fiscalía no espía", dijo el vocero Ulises Lara en respuesta al New York Times.
A través de un mensaje a medios, Ulises Lara declaró que no se pidieron registros telefónicos tal como asegura la investigación del NYT, "por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos", afirmó.
En tanto que la fiscal Ernestina Godoy aseguró que los documentos utilizados en el reportaje del diario estadounidense son falsos, lo cual ya se está siendo investigando.
"Lo publicado en The New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en la Fiscalía, tienen referencia a números de oficios, carpetas de investigación o registros en libros de gobierno que no corresponden al consecutivo con que cuenta la documentación oficial de la Fiscalía, es decir, que el consecutivo en la nomenclatura citada en las supuestas solicitudes no coincide con el usado en nuestras investigaciones", expuso Godoy.