El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, aseguró que la Máxima Casa de Estudios no tiene facultades para anular el título de la ministra Yasmín Esquivel, incluso cuando ya se demostró que realizó plagio de su tesis de licenciatura.
"No, porque no tenemos prevista la infracción cuando algún estudiante, o en su momento, cuando algún alumno hace uso de un trabajo que no es propio. Hay uno que se llama Derecho Administrativo Sancionador, y justamente para proteger a las personas, la autoridad debe de tener muy delimitado lo que puede hacer y cómo puede sancionar", dijo en entrevista con Joaquín López-Dóriga.
Comparó el caso con el derecho administrativo público, mediante el cual no se puede retirar un derecho a un ciudadano o ciudadana, como la emisión de un acta de nacimiento, de manera retroactiva.
El abogado detalló que la regulación actual de la UNAM no cuenta con elementos para sancionar de esa manera a la ministra; no obstante, reiteró que la Universidad buscará reformar sus propios reglamentos para prevenir este tipo de situaciones.
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Respecto de su aplicación para la tesis de Yasmín Esquivel, Sánchez Castañeda resaltó que habría que iniciar un nuevo litigio para resolver respecto de la aplicación retroactiva de una nueva medida.
"Hay un principio de no retroactividad de la norma que se tiene que hacer respetar. Justamente se va a tener que verificar ese supuesto, si existe posibilidad o no, ya es una cuestión que tendrá que decidir en su momento la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario", acotó.
La polémica por la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel se desató a finales de diciembre de 2022 cuando el escritor Guillermo Sheridan mostró evidencia de similitudes de su trabajo final con el de otro estudiante, Édgar Ulises Báez, quien se tituló 14 meses antes.
Al respecto, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón resolvió que hay una copia sustancial del contenido del trabajo del último en la tesis de Yasmín Esquivel; sin embargo, se turnó el caso a la Secretaría de Educación Pública, misma que devolvió el tema a la UNAM para su resolución, al no poder anular su título profesional.