Francisco Cox Vial, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), acusó que en varias ocasiones funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) se entrometieron en las diligencias de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y que el momento de mayor ruptura se dio cuando se hizo una 'débil judicialización' de Murillo Karam.
"Con la judicialización débil del exprocurador Murillo Karam se corre el riesgo de que no se llegue a una condena, a pesar de las pruebas de su participación en la llamada 'Verdad Histórica'", señaló Cox Vial.
El especialista acusó que el mismo fiscal General de la República fue quien rompió los acuerdos por los que él mismo creó la Unidad Especial, pues se estableció la participación de personas con conocimiento del caso.
Sin embargo, en la reciente decisión de cancelar al menos 21 de 83 órdenes de aprehensión, intervino una persona que no se había acercado al caso, a diferencia de los integrantes de la UEILCA, que lleva más de tres años trabajando en ello.
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Cox refirió que el 16 de agosto de 2022 se comisionó a una licenciada de asuntos internos para que desempeñara las funciones de Ministerio Público, sin justificación plena, yendo incluso contra los fundamentos de la Unidad.
La Unidad solicitó pericias a los servicios periciales al interior de la FGR que no dieron resultados. Además, tuvo que solicitarlos estos servicios en el extranjero, que sí dieron resultados y que derivaron en identificaciones de personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, señaló.
Además dijo que cuando se realizó la aprehensión de Murillo Karam y se llevó a cabo la audiencia de control, el juez reclamó la falta de conocimiento de la carpeta de investigación, y "lo más grave", que no se incluyeran pruebas importantes.
Asimismo, Cox acusó la cancelación de 21 de 83 órdenes de aprehensión solicitadas por la UEILCA, que sólo pudo venir del Ministerio Público. Entre las órdenes canceladas están a miembros del Ejército, del C4 y exfuncionarios del gobierno de Guerrero y del municipal de Iguala.
"Esto da la sensación de haber sido ordenado con un criterio distinto al de la investigación", acusó el especialista.
FGR bloqueó a la Unidad Especial del Caso Ayotzinapa
Asimismo, los integrantes del GIEI acusaron que la UEILCA se quedó sin agentes por órdenes superiores; además, reclamaron que por primera vez desde su creación se realizaron auditorías a la unidad, tras las solicitudes de órdenes de aprehensión; y si bien se trató de una auditoría ordinaria, esta se prorrogó tres veces hasta el 30 de septiembre.
Cox dijo que el GIEI espera que esta decisión no signifique una acción de intimidación, debido a que existe el temor entre los exfuncionarios de la UEILCA y del propio Omar Gómez Trejo de que haya represalias.
También se dijo que las intromisiones de la FGR en la UEILCA derivó en las renuncias de varios funcionarios miembros de la Unidad Especial.
"La relación con el fiscal es inexistente, no nos hemos reunido ninguna vez, no ha querido contestar ni siquiera la reunión que solicitamos con él", afirmó Ángela Buitrago.
Los equipos de Omar Gómez y otros integrantes de la UEILCA, a quienes identificaron como Tania, Miguel y Gonzalo, fueron indiscutiblemente la muestra en este momento de la necesidad de una ética justicia, agregó la integrante del GIEI.
"Desde este punto de vista, el tema de negarse a firmar cosas que no habían hecho es la muestra más grande de que la unidad género un esfuerzo fundamental, un paso adelante de la justicia mexicana y que retrocedió a través de las presiones indebidas y del modelo que se reproducen indiscutiblemente", opinó Buitrago.
El 26 de junio de 2019, el fiscal General Alejandro Gertz Manero designó a Omar Gómez Trejo como encargado de encabezar la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Dicha unidad 'nació' con el objetivo de esclarecer y llegar a la verdad en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de la escuela normal. Además, este también fue un compromiso que el presidente López Obrador y su Gobierno hicieron con los familiares de estudiantes.
Previamente, el fiscal especial del caso Iguala se desempeñó en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Omar Gómez Trejo también trabajó en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y también fue secretario del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).