La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó al Congreso de México a que en una próxima discusión sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulse un debate abierto, plural y apegado a los principios de libertad de expresión y de prensa. La entidad hizo el pedido ante la falta de certezas sobre las consecuencias de lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ese país, en relación con las obligaciones a las que están sujetos los concesionarios mexicanos de radio y televisión en aspectos centrales que inciden sobre la libertad de expresión.
Debido a que la decisión de la Corte estuvo motivada exclusivamente por lo que se consideran aspectos de forma, existe preocupación de que cuando el Congreso mexicano discuta sobre el fondo, vuelva a introducir elementos perturbadores para la libertad de prensa. Las posibles medidas permitirían al Estado obligar a los medios electrónicos a que en sus informativos diferencien espacios de opinión e información, impondría códigos de ética oficiales y restablecería las defensorías de Audiencias, las que podrían imponer criterios editoriales a los medios. Además de la intromisión en los contenidos, que restaría independencia a los medios, existe el riesgo de la viabilidad de estas empresas de comunicación, por cuanto las autoridades podrán sancionarlas con multas de hasta el 3 por ciento de sus ingresos y clausurarlas por faltas reiteradas.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó preocupación "ante la posible amenaza de poner límites a derechos universales que garantizan la libertad de información y opinión en los medios, bajo la excusa de velar por los derechos de las audiencias". Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, instó al Congreso a impulsar un proceso legislativo plural en el que se escuche la opinión de diversos actores, entre ellos los afectados, las empresas de radio y televisión. Dijo que sería "desastroso para México que se censuren las libertades prensa y expresión o que se alineen esas disciplinas a la voluntad de alguna ideología partidaria o política".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, agregó: "La legislación que se adopte debe dar certeza jurídica a concesionarios, comunicadores y trabajadores de los medios, permitiéndoles desempeñar sus funciones desde la autorregulación, la libertad y la autonomía editorial". Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, Argentina, alentó a los legisladores de México "a no adoptar medidas legales restrictivas". Recordó que "los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y El Salvador crearon leyes y decretos disfrazados de ventajas para la población, pero que terminaron con un efecto bumerán en contra de los medios y el derecho del público a la información".
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Canahuati y Jornet aseguraron que la SIP estará atenta a la discusión. "Estamos dispuestos a acompañar este proceso legislativo y a alzar nuestra voz para frenar cualquier intento de censura contra la libertad de los mexicanos a la información".
En enero de 2017, directivos de la SIP se reunieron en la Ciudad de México con autoridades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano encargado de vigilar el cumplimiento legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión, para contrarrestar las medidas que ahora se estarían reflotando. Entonces, la SIP expresó que las regulaciones convertirían a México en un "Estado censor".
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.