La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) expresó su preocupación debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no privilegió la máxima protección de la libertad de expresión.
Por medio de un comunicado, la CIRT indicó que la reciente resolución de la Corte podría llevar a que el Estado ejerza presión sobre la radio y la televisión respecto a la información noticiosa que transmiten.
Es importante mencionar que la resolución de la SCJN busca devolver al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) las facultades para regular los derechos de las audiencias, en lugar de que lo lleven a cabo los propios medios de comunicación que cuenten con una concesión de radio o televisión.
Por ello, la Cámara advirtió que en caso de ser necesario recurrirá a instancias internacionales como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de garantizar la libertad de expresión en México.
Te podría interesar
Asimismo, calificó como “desproporcionadas” a las sanciones que se impondrían con la llegada de las reformas, las cuales, obligarían a los medios de comunicación a distinguir entre información y opiniones.
“Las desproporcionadas sanciones por el incumplimiento a esa disposición que desdibuja la libertad de expresión son otro elemento que se convierte en una amenaza injustificada en contra de la labor periodística y de comunicación en nuestro país. La sola amenaza de su imposición inhibe dicha labor y el ejercicio del más elevado derecho para expresarse con plena libertad”, detalló.
Finalmente la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión recalcó que se manifiesta abierta a cualquier esfuerzo de diálogo público que tenga como propósito reencauzar la aspiración de dotar a los mexicanos de un catálogo de derechos de las audiencias compatible con la existencia de la prensa libre, es decir, que no se oponga o vulnere los más elevados derechos, como es el caso de la libertad de expresión y el de acceso a la información.
El pasado lunes se informó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un decreto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2017, la cual, eliminó la obligación a los medios de comunicación de distinguir entre información y opiniones.
De esta forma el Pleno de la Corte determinó la invalidez total de este decreto en función de que existieron diversas violaciones al proceso legislativo.