Juana González y Sauz de los García fueron 2 de las 18 comunidades de Jerez donde los habitantes huyeron a causa del terror que generaron las disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Tras la instalación de bases de seguridad en 4 comunidades en marzo pasado, algunos desplazados regresaron; sin embargo, esta semana volvieron a irse porque, una vez más, los criminales saquearon las casas.
“Resulta que en Juana González y el Sauz de los García volvieron a saquear varias viviendas, que las pocas personas que se habían regresando se volvieron a salir por el miedo. Andan muy cerca esos malandros”, comentó Jaime, uno de los desplazados, a Grupo Fórmula.
La violencia que generaron los enfrentamientos entre integrantes del narco provocó que alrededor de 3 mil personas fueran víctimas de desplazamiento interno forzado en 2021, de acuerdo con datos que el gobierno de Zacatecas proporcionó a Grupo Fórmula para la investigación especial Los "fantasmas" de Jerez: Las casas y vidas que arrebató el narco.
El gobierno de Zacatecas, encabezado por David Monreal, instaló bases de seguridad en Palmas Altas, Ermita de los Correa, Guadalupe Victoria y Villahermosa el 17 de marzo de este año. Luego de que los desplazados viajaron a la Ciudad de México y acudieron a Palacio Nacional para pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que las autoridades estatales no los escuchaban.
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La presencia de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la policía estatal permitió que algunas de las víctimas de desplazamiento interno forzado regresaran a sus comunidades.
Aún son pocas las familias que han vuelto de forma permanente, la mayoría visita sus hogares y tierras durante el día y se retira al anochecer; pues temen que los criminales regresen y les vuelva a ocurrir lo mismo o les hagan algo, de acuerdo con Jaime, a quien se le cambió el nombre para no ponerlo en situación de riesgo.
Además, los habitantes han demandado que el gobierno instale bases de seguridad en cada una de las comunidades, en lugar de que los uniformados que están en Palmas Altas se turnen para realizar recorridos por las comunidades que no tienen base. No obstante, las autoridades no han instalado nuevas bases.
Juana González y Sauz de los García se ubican cerca de la sierra de Jerez, a 20 minutos de Palmas Altas. Jaime relató que antes de que volvieran a saquear algunas de las viviendas de ambas comunidades, los integrantes del narco se metieron a una casa que ocupaban para refugiarse y cuando los militares o integrantes de la Guardia Nacional hacían sus recorridos se escondían en algunos de los cerros.
Desplazados tienen miedo de que les quiten la base de seguridad
Jaime indicó que los desplazados tienen miedo de que les quiten la base de seguridad de Palmas Altas porque los elementos de la Guardia Nacional les dijeron, el pasado 13 de agosto, que se iban a retirar porque necesitaban practicar para la ceremonia que se hará por el Día de la Independencia de México.
“Supuestamente se iban a retirar, como en Palmas Altas están los de la Guardia Nacional. Entonces que se iban supuestamente para practicar o entrenar para el 15 de septiembre, pero iban a dejarnos completamente a nosotros desprotegidos”, comentó en entrevista.
Como los habitantes les pidieron que no se fueran, sólo se quedó una camioneta de la Guardia Nacional con 11 elementos y les indicaron que iban a permanecer en la comunidad mientras el alcalde municipal, Humberto Salazar, o el gobierno de Zacatecas resuelven qué va a pasar con la base de seguridad.
“Estamos con esa preocupación de que nos retiren la base porque si a nivel municipio todavía las condiciones de inseguridad no se han controlado, retirándose la base nos van a acabar, nos acabarían”, advirtió el desplazado.
¿Por qué saquearon las casas de los desplazados en Juana González?
Varios de los desplazados huyeron con lo que llevaban puesto, no pudieron sacar sus pertenencias. A principios de abril regresaron escoltados por militares y encontraron sus casas “hechas un desastre”, de acuerdo con lo que relataron a Grupo Fórmula durante una visita a las comunidades.
Después de que abandonaron sus casas, los integrantes del narco rompieron puertas y ventanas para entrar y refugiarse ahí o saquearlas para hacer sus campamentos en los cerros.
Los grupos criminales se llevaron artículos de línea blanca, como estufas y lavadoras, principalmente; así como herramientas de trabajo, varios tractores y algunos vehículos. En algunos casos robaron ropa, pero lo que no les sirvió lo rompieron o dejaron tirado.
Asimismo, hubo algunas viviendas que quedaron destruidas por los enfrentamientos que hubo entre elementos de seguridad y sicarios.
Las paredes tenían agujeros producidos por impactos de armas de alto calibre, los techos también y en algunos casos las balas destruyeron los muros, como sucedió con la casa de la señora Juanita. Por lo que los inmuebles no sólo funcionaron como refugios, sino como campos de batalla y se convirtieron en escenas del crimen.
Gobierno no ha avanzado en proyecto de reconstrucción de casas de desplazados
El gobierno de Zacatecas ha avanzado de forma parcial con la segunda fase del Proyecto Integral de Atención a Víctimas del Desplazamiento Forzado. Jaime dijo que personal de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Obras Públicas continúan asistiendo a las comunidades.
Sin embargo, sólo han pintado algunas casas y arreglado las chapas de sus puertas, arreglos mínimos de acuerdo con Jaime. Hay algunas viviendas que tienen las puertas destruidas y no se las cambiaron por otras.
“A unos que les arreglan las chapas de sus puertas, que les pintan su casa, puros detalles leves”, sostuvo.
El desplazado se enteró que el personal del gobierno que va para hacer arreglos pide dinero o cooperación “para el refresco”. Actualmente, hay trabajadores en Palmas Altas, Villa Hermosa, Cieneguitas de Fernández, Ordoñez y San Antonio de Ordoñez.
Ello, a pesar de que la secretaria de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, dijo a Grupo Fórmula que la segunda fase consistiría en evaluar el estado de las viviendas, los espacios públicos y determinar si faltaba algún servicio, como luz o agua potable. Aunque Ordóñez y San Antonio de Ordóñez aún no tienen agua.
También aseguró que iban a reparar y reconstruir las viviendas de los desplazados; a arreglar caminos; realizar labores de limpieza y rehabilitar los espacios públicos de todas las comunidades. Así que todas las dependencias gubernamentales participarían.
La funcionaria informó que la segunda fase empezaría en abril, pero comenzó hasta finales de mayo. Después de que David Monreal visitó Palmas Altas el 27 de mayo porque realizó una Mesa de Construcción de Paz.
Ahí se reunió con algunas víctimas y se comprometió a asistir a una comunidad cada 15 días. El gobernador envió maquinaria a las comunidades para la segunda fase del proyecto.
No están reconstruyendo las viviendas de los desplazados
Gabriela Pinedo detalló en junio que harían una evaluación de las condiciones en las que se encontraban los pozos y si tenían la infraestructura para reabastecer de agua a las comunidades. Lo mismo con el servicio de luz.
También agregó que darían subsidios de entre 20 y 50 por ciento para que los campesinos desplazados pudieran adquirir herramienta y maquinaria para trabajar sus tierras.
Por otra parte, advirtió que el Proyecto Integral fue diseñado a largo plazo y resaltó que “es imposible” restablecer las condiciones en las que vivían los desplazados de un día para otro, cuando la “devastación” empezó hace 2 años y en algunas hace 3 años.
Por lo que era necesario revisar con la Secretaría de Finanzas para determinar si cuentan con el presupuesto necesario para llevar a cabo el Proyecto Integral; y, en caso de no tener los recursos suficientes, podrían pedir más presupuesto para el siguiente año.
“Es como si el gobernador nomás fue a tomarse la foto de que aparentemente está reconstruyendo las viviendas y no”, señaló Jaime.
El Congreso de Zacatecas aprobó la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en julio. En la que el artículo 15 establece que el gobierno estatal está obligado a restituir las propiedades o posesiones despojadas. Para ello, tiene que asignar recursos para la construcción de viviendas.
Igualmente debe crear un Fondo estatal de contingencia para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, el cual se integrará por el 0.05 por ciento del presupuesto estatal, así como por donaciones, aportaciones de cooperación internacional y los derechos que adquiera para ayudar a los desplazados. Sin embargo, dicha resolución se implementará prácticamente hasta 2023, cuando se pueda ajustar el presupuesto para esas acciones.