México acumula 105 mil 86 personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Las primeras corresponden a casos que se relacionan con la comisión de un delito, mientras que las segundas no.
Apenas el pasado 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) superó la cifra de 100 mil personas. Ello implica que entre el 16 de mayo pasado y este martes 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se sumaron unas 5 mil personas casos a este registro.
Es decir, que en promedio el número de casos diarios alcanzó los 47, casi el doble de casos de desaparecidos registrados entre noviembre de 2021 y mediados de abril de 2022, según un análisis del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; según sus cifras, en aquel periodo el promedio de casos fue de 28 casos por día.
No obstante esta cifra, en México sólo se han obtenido 36 sentencias condenatorias en materia de este delito y desde el año pasado no se conseguido ni una, de acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas. Por lo que la impunidad en materia de desaparición forzada es de más del 90 por ciento.
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En este sentido, el subsecretario destacó que la impunidad sigue prevaleciendo en varias de las fases del proceso de justicia.
“Delito que no se castiga, se vuelve a cometer”, añadió Alejandro Encinas durante la presentación del informe "La desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas".
Además, reconoció que la estrategia del gobierno federal para acabar con la impunidad no ha funcionado, no sólo en los casos de desaparición forzada.
Acciones contra la desaparición forzada
Una de las acciones que realizaron para tratar de reducir la incidencia de la desaparición forzada fue dar autonomía a las fiscalías estatales para evitar que se convirtieran en un “instrumento de acción política”; sin embargo, se siguen reproduciendo las mismas formas de trabajo de antes.
Alejandro Encinas señaló que el gobierno federal ha tenido que construir mecanismos extraordinarios para responder ante ciertas problemáticas que las instituciones no han podido resolver.
Un ejemplo es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuando existe una Fiscalía Especializada dedicada a garantizar el derecho a la libertad de expresión.
Otro ejemplo es la falta de acciones por parte de los servicios periciales de las fiscalías estatales, de algunos tribunales y secretarías de Salud; pues están lejos de resolver el rezago que hay en la identificación de 52 mil cuerpos. Por lo que el gobierno federal asumió el compromiso de crear un Centro de Identificación Humana, lo cual aún sigue en proceso.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es otro de los mecanismos extraordinarios, comentó Alejandro Encinas, ya que se creó para hacer frente a las tareas que el Poder Judicial debería atender.
“Tenemos que repensar el sistema de procuración de justicia para romper impunidad que es el principal lastre del país”, sostuvo.
Sin embargo, la crisis de desaparecidos en el país sigue, con un crecimiento de 47 víctimas diarias en tan sólo los últimos tres meses, lo que abonó a la cifra de más de 105 mil personas desaparecidas hasta este martes 30 de agosto.