Genaro García Luna tiene un negro expediente: además de estar preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, el ex secretario de Seguridad es señalado de crear montajes y haber torturado personas para generar falsos testimonios.
Durante el caso de Florence Cassez, uno de los más emblemáticos y polémicos de su carrera 'policiaca', el exfuncionario federal utilizó dos edificios, uno en el Centro Histórico y otro en Chalco, con la finalidad de recabar testimonios mediante la tortura.
A pesar de que las leyes internacionales prohíben la tortura, García Luna se valió de ese mecanismo para construir el caso en contra de la ciudadana francesa e Israel Vallarta, quien lleva 17 años preso sin sentencia, a quienes acusó con pruebas contradictorias de encabezar la banda de secuestradores los 'Zodiaco'.
El documental de Netflix "Cassez-Vallarta: Una novela criminal" se presentan investigaciones periodísticas que muestran cómo se torturó a presuntos culpables para modificar sus declaraciones y fabricar culpables.
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Oficinas de la PGR en el Centro
Localizadas en la calle López, en el Centro Histórico de la capital mexicana, se encuentra un edificio que parece sacado de una película de terror: bajo sus grandes muros blancos y escasas ventanas, en esta mole de cemento se practicaba la tortura de detenidos por la Procuraduría General de la República.
Dicho recinto, que actualmente está abandonado, fue utilizado para torturar a Israel Vallarta el día que fue 'levantado' por elementos de la Agencia Federal de investigación, comandada por García Luna, con la finalidad de que se auto incriminara como presunto secuestrador.
Esto sucedió el 8 de diciembre de 2005, un día antes de que se realizará el montaje televisivo donde supuestamente fueron capturados.
Vallarta y Cassez fueron detenidos en la carretera México-Cuernavaca por agentes federales, los llevaron a la Calle López, donde los sometieron a agresiones físicas y verbales, además de que amenazaron con abusar sexualmente de la francesa, y posteriormente los llevaron al rancho Las Chinitas para fingir, un día después, un operativo antisecuestro ante medios de comunicación.
Una de las versiones del documental consiste en que Ezequiel Elizalde, uno de las supuestas víctimas de Cassez-Vallarta, en realidad se autosecuestró y fue torturado en el mismo edificio de la PGR para que inculpara falsamente a la referida pareja.
Vallarta y Cassez acusan que su caso fue generado por una venganza del empresario Eduardo Margolis, que tenía negocios con el hermano de la francesa, con la finalidad de hacerlos escarmentar por haber escondido unos vehículos que tomar como represalia por faltas de paga.
Enojado por esa situación, Margolis pidió ayuda a García Luna, con quien tenía negocios, que aprovechó este caso para montar un montaje mediático y hacer propaganda de la Agencia Federal de Investigación, la cual pocas semanas antes había sido exhibida trabajando con el narcotraifcante conocido como 'La Barbie' para asesinar a presuntos integrantes de Los Zetas.
Oficinas de la PGR en Chalco
Localizadas en la calle de Benito Juárez, en Chalco de Díaz Covarrubias, están otras oficinas de la PGR donde la AFI de Genaro García Luna realizó torturas para recabar testimonios en el caso de Florence Cassez.
En este recinto, dos sobrinos de Israel Vallarta, así como uno de sus hermanos, quienes fueron detenidos en el sexenio de Felipe Calderón, fueron torturados con la finalidad de que admitieran ser parte de la banda de secuestradores del Zodiaco.
"Nosotros le pusimos la 'Casa de la Tortura', todo el camino nos van golpeando, me van torturando, me pegan en los oídos. Me acuestan en una lamina caliente", dice René Vallarta en el documental de Netflix, quien muestra las quemaduras que le quedaron como secuela de la tortura.
Posteriormente, fueron llevados a un penal federal en Nayarit, donde conocieron a David Orozco, un comerciante de Iztapalapa que, mediante tortura, los había inculpado en crímenes de la banda de los Zodiaco.
Poco tiempo después, David enfermó y falleció en ese penal. Mientras que René Vallarta y sus sobrinos Alejandro y Juan Carlos Cortez Vallarta, fueron exonerados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que quedaron libres.