Un juez vinculó a proceso a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, por su participación en la llamada 'verdad histórica' del caso Ayotzinapa.
En la audiencia celebrada en el Reclusorio Norte, el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
No obstante la audiencia continúa, pues, una vez que se dé a conocer la situación jurídica, vendrá un nuevo debate para conocer las medidas cautelares.
Murillo Karam fue detenido en México el viernes 19 de agosto. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de "utilizar la fuerza del Estado" para fabricar la verdad histórica junto a otros 18 servidores públicos.
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“Murillo Karam, como titular de la PGR, ordenó actos de tortura para obtener confesiones e impidió que los familiares de los 43 normalistas 43 tuvieran acceso a la información y presentó videos de supuestas confesiones para seguir un libreto de actores y pruebas y narrativas que se conoció como la verdad histórica", expuso la FGR en la audiencia inicial del pasado sábado.
Murillo Karam vs. la Fiscalía
La defensa de Murillo Karam rechazó la acusación en contra del exprocurador General al considerar que esta se basaba sólo en los videos de las conferencias de prensa sobre el caso, entre octubre de 2014 y enero de 2015, por lo que no había sustento para acreditar los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la impartición de justicia.
Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación insistió en la acusación basada en estos videos, así como en uno de un dron donde se le ve llegar después de la intervención de la Marina al área del basurero de Cocula, en Guerrero, sin aportar elementos adicionales a los presentados el pasado sábado.
Durante la audiencia, el juez insistió en que a Murillo Karam se le tiene que juzgar con base en las leyes vigentes en 2014 y 2015, cuando se presentaron los hechos. Ello porque las leyes generales de Desaparición Forzada y contra la Tortura se modificaron hasta 2016, por lo que no son aplicables a los hechos relacionados con el caso Ayotzinapa.