Mónica Hernández Abascal, integrante de la Colectiva sobrevivientes de feminicidio, fue víctima de este delito en grado de tentativa en 2019; pues un conocido de su juventud intentó asesinarla porque ella no aceptó ser su pareja.
"De no ser por Mary, una joven mujer de 25 años, que acudió a ayudarme con una lamparita en una mano y un cuchillo de cocina en la otra, y sin medir consecuencias, yo no estaría aquí", relató durante el foro "Las sobrevivientes de feminicidio" que se realizó en la Cámara de Diputados.
La sobreviviente señaló que ese día llamó al 911, pero los policías municipales tardaron 1 hora y media en llegar. Además, ni siquiera tenían idea de a dónde tenían que llevar a su agresor.
Asimismo, acusó que al acudir a presentar su denuncia a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la dependencia se convirtió en "otro enemigo a vencer". Ello, debido a que tuvo que enfrentar la falta de sensibilidad por parte de los servidores públicos y fue revictimizada.
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"No cesaron de maltratarme al grado de interponer un documento en el que una fiscal cambió el delito de tentativa de feminicidio a violencia familiar. Lo mismo hizo con otros 2 casos de feminicidio antes de renunciar a su cargo", añadió.
Mónica Hernández denunció que su caso ha estado "plagado de errores y omisiones" por más de 2 años y medio. Muestra de ello es que un juez priorizó el derecho a la libertad de su agresor y utilizó el documento de la reclasificación del delito a violencia familiar para dejarlo libre. Por lo que la víctima y su agresor salieron a la par de los juzgados ese día.
La sobreviviente destacó que la única solución es la reposición completa de su caso, aunque es probable que tuviera que enfrentar, otra vez, trámites revictimizantes.
Faltan leyes que protejan a las sobrevivientes de feminicidio
Los registros de intentos de feminicidio incrementaron y se duplicaron de enero de 2020 a marzo de 2022, ya que se abrieron 1 mil 426 carpetas de investigación por este delito.
Mientras que de 2012 a 2020 se registraron más de 1.7 millones de ataques violentos contra mujeres; sin embargo, sólo el 0.05 por ciento fueron clasificados como tentativas de feminicidio, de acuerdo con la periodista Gloria Piña, autora de Las sobrevivientes olvidadas por la justicia.
La ganadora del Premio Breach/Valdez detalló que durante ese periodo de tiempo se realizaron 595 investigaciones diarias por agresiones físicas contra mujeres; de las cuales el 68 por ciento fue clasificado como violencia familiar, 32 por ciento como lesiones dolosas y sólo se abrieron 781 carpetas de investigación por tentativa de feminicidio.
Hasta ahora, Campeche, Nuevo León, Durango y Puebla contemplan este delito en sus códigos penales estatales. En este sentido, el Senado de la República tiene pendiente la aprobación de una iniciativa de reforma al artículo 63 del Código Penal Federal para incluir en la tipificación de la tentativa de feminicidio como un delito.
Al respecto, la coordinadora de la iniciativa Spotlight en América Latina, Nayeli Sánchez Macías, informó que implementaron una estrategia para conseguir que se presentaran 6 paquetes de reformas en el Congreso de la Unión para contribuir a la atención, prevención y sanción de la violencia de género e incluyeron la perspectiva de las víctimas y sobrevivientes.
No obstante, la diputada Elizabeth Pérez Valdez reconoció que los legisladores y legisladoras no han logrado aprobar "reformas modulares" contra la violencia de género, ni que las que buscan proteger a niños, niñas y adolescentes avancen. Tampoco han podido detener aquellas que contribuyen a la inseguridad y violencia, como la que incentivó desaparición de refugios para víctimas.
Las sobrevivientes de feminicidio tienen heridas "invisibles"
La abogada Ximena Ugarte, quien ha acompañado a varias de las víctimas, advirtió que no todas las heridas de las sobrevivientes son visibles y no porque no se vean, "sino porque las autoridades y la sociedad no quieren ver".
Al respecto, la litigante dijo que las sobrevivientes de feminicidio adquieren secuelas "invisibles" durante su lucha para acceder a la verdad y justicia.
Entre las secuelas están las económicas porque hay sobrevivientes que pierden su trabajo; la posibilidad de recibir apoyos económicos de parte de su familia o pareja, que en muchas ocasiones es su agresor.
Lo que se agrava por las "cargas económicas desproporcionadas" para acceder a la justicia, ya que tienen que gastar dinero en su traslado, comida, transporte y en algunos casos tienen que viajar de una entidad a otra. Otras de las secuelas invisibles son las sociales y culturales, de acuerdo con Ximena Ugarte.
"A las sobrevivientes les queda el estigma de sobrevivir; se les culpa de salvarse, defenderse, de tener la suerte de que un tercero ajeno intervenga durante agresión y se clasifica como tentativa de feminicidio en el mejor de los casos. Si no tuvieron suerte, quedan en un limbo jurídico y aparente neutralidad", explicó.
Sobre las cargas sociales, indicó que la primera es porque fueron atacadas; la segunda porque sobrevivieron y la tercera porque en muchos casos los funcionarios encargados de la procuración de justicia consideran que no merecen que el delito del que fueron víctimas se clasifique como tentativa de feminicidio. Entre las justificaciones que dan, según la abogada, están que sus "cuerpas" no quedaron marcadas para siempre.
Tentativas de feminicidio son reclasificadas como violencia familiar
Ximena Ugarte añadió que las secuelas jurídicas no visibles son la falta de diligencia y la neutralidad del derecho porque las autoridades clasifican las lesiones según el tiempo que tarden en sanar las heridas físicas. A lo que se añaden los mecanismos alternativos que aplican las instituciones encargadas de la procuración de justicia, como la suspensión de procesos o el uso de procedimientos abreviados.
"Son una secuela invisible peligrosa porque la mayoría clasifica este delito como violencia familiar, [lo que] sigue permitiendo que se apliquen mecanismos alternativos y eso las pone en riesgo feminicida porque si los agresores salen libres, las matan", enfatizó.
Por último, la abogada aseguró que el Estado mexicano aún tiene pendiente una labor "muy grande" para las sobrevivientes y resaltó que todos los crímenes contra las mujeres tienen que ser investigados con perspectiva de género, sin importar si se trata de violencia familiar, feminicidio o cualquier lesión que haya sucedido en relaciones de subordinación.