La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 51/2020 y en su resolución estableció criterios que contribuyen a definir las tareas que le corresponden a cada institución en materia de desaparición forzada, según comentó la ministra Margarita Ríos-Farjat a Grupo Fórmula.
Con esta resolución, se busca que familiares de personas desaparecidas puedan acceder a cuarteles militares, información y solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que cree un comité de acompañamiento.
"Muchas instancias involucradas chocaban entre sí y había recelo. Lo que hay que hacer es la puerta abierta para que entren mecanismos diseñados a investigar qué pasó con las personas para que logren resultados. Vamos a ver el cómo sí y no el cómo no", señaló en entrevista con Joaquín López-Dóriga.
El amparo que derivó en la sentencia de la corte fue por el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ambos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que fueron detenidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007. Posteriormente, los pusieron a disposición del Ejército mexicano y desde entonces no saben nada de ellos.
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Ríos-Farjat explicó que la diferencia entre antes de la sentencia y ahora es que los familiares de víctimas de desaparición forzada no sólo podrán acceder a cuarteles militares, sino que podrán revisar los expedientes y los avances en las investigaciones.
Para ello, detalló, se debe dar acceso a las personas que serán acompañadas de un comité de búsqueda a los cuarteles, a los archivos y que se publiquen de forma regular avances de la investigación por parte de la FGR.
Además, la FGR debe solicitar a la Comisión Nacional de Búsqueda la creación de dicho comité, formado por expertos que acompañen, asesoren, validen y consigan información posible de todas las instancias para darle a los familiares facilidades de acceso de información y así poder seguir labores de búsqueda y definir estrategias de qué indagatorias faltan para poder localizar a personas desaparecidas.
Sentencia es para ayudar a familiares de desaparición forzada e instituciones
La ministra de la Suprema Corte Margarita Ríos-Farjat añadió que la sentencia de la Corte permite tener claridad en la organización institucional e interinstitucional en casos de desaparición forzada, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las fiscalías estatales y la federal, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Explicó que esto se debe a que habrá mayor claridad en cuanto a las tareas que le tocan a cada quien.
De esa forma se garantizará que no haya obstáculos institucionales, aseguró, y resaltó que no es necesario que exista una sentencia condenatoria hacia elementos castrenses o policías civiles para que las dependencias proporcionen información que ayuden a dar con personas desaparecidas.
"No es que haga falta sentencia que condene, es que hay cosas que se deben realizar, se debe dar acceso a archivos, cuarteles, información periódica; las familias que buscan y de los desaparecidos no debería estar solas promoviendo averiguaciones previas y amparos, pidiendo lo que el marco ordena", mencionó.
La ministra de la Suprema Corte señaló que la sentencia no sólo es para facilitarle el camino a las familias que buscan a personas víctimas de desaparición forzada, sino para fortalecer las instituciones porque en la medida de que tengan claridad de lo que les corresponde "serán mejores".