La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos hizo un llamado para que se fortalezcan las instituciones de seguridad pública de carácter civil, esto en respuesta al acuerdo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con la finalidad de incorporar la Guardia Nacional (GN) al Ejército.
La ONU-DH insistió en la postura de la alta comisionada, Michelle Bachelet, para que en México se fortalezcan las instituciones de carácter civil sobre todo en el tema de la seguridad pública, mientras las fuerzas armadas sólo sean empleadas en tareas de carácter excepcional. Además, reiteraron su disposición a proporcionar asistencia técnica al Estado mexicano.
De acuerdo con una portavoz de ONU Derechos Humanos, México debe velar porque las fuerzas armadas sean un "último recurso" y de "carácter temporal", además de su labor debe ser fiscalizada por órganos civiles independientes. "La creciente militarización de funciones civiles básicas supone un debilitamiento de la instutucionalidad democrática", agregó.
También hicieron un llamado al gobierno de la Cuarta Transformación para que haya transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad pública, tanto de las autoridades civiles como militares.
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En una conferencia matutina ofrecida el pasado 8 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase a ser administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), argumentó que esta medida será "en beneficio del pueblo".
El presidente mexicano realizó este anuncio antes de que inicie el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, donde se discutirá y votará la Ley de la Guardia Nacional, cuyo fin es que la fuerza de seguridad -que en un inicio sería de mando civil- pase a ser administrada por las fuerzas armadas.
El acuerdo de AMLO sobre la Guardia Nacional ha causado reacciones entre la oposición y hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como Margarita Ríos Farjat, quienes enfatizaron que el Ejecutivo debe respetar la Constitución y que se vote la iniciativa antes que imponer un acuerdo.