La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abre muchos riesgos para la seguridad ciudadana, pues le daría a militares facultades de investigación de delitos del fuero común e incluso tareas de cateos o espionaje, advirtió Catalina Pérez Correa, integrante del movimiento Seguridad Sin Guerra.
Recordó que actualmente la Guardia Nacional tiene más de 44 facultades en materia de seguridad pública, como detener personas, catearlas, catear domicilios, detener y revisar automóviles, intervenir comunicaciones, ser agentes encubiertos e incluso realizar tareas de espionaje, explicó en entrevista para "Atando Cabos" con Denise Maerker.
"No es conveniente que eso lo haga una institución militar por la naturaleza misma de sus instituciones, en la cual no hay controles externos sobre ellas.
"En México, por ejemplo, los militares tienen fuero, que es el único que se permite en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se cometen faltas a la disciplina militar, es dentro de la propia institución donde se junta y evalúa las pruebas para declarar a una persona culpable", comentó Catalina Pérez Correa.
Agregó que eso está por fuera de la justicia civil. La académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) resaltó que el personal militar cuenta con un fuero particular que orilla a que se juzguen sus actuaciones sólo en tribunales de ese fuero.
En los primeros 6 meses de 2022, la Guardia Nacional se ubicó como la institución de seguridad con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones de garantías a civiles, con 255, seguida de la Sedena, con 244.
Mientras que en 2021 cerró con 504 quejas y 436 en la Secretaría de la Defensa Nacional; ello contrasta con la cifra registrada en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, 2018, la Sedena sumó 382 quejas y la antecesora de la Guardia Nacional, la Policía Federal, sumó 356 en los 12 meses.
Y aunque desde 2014 en México, una reforma al Código de Justicia Militar abrió la puerta a investigar delitos cometidos por elementos del Ejército contra civiles a tribunales ordinarios, un acuerdo del presidente AMLO de 2020 restringe la rendición de cuentas en materia de labores de seguridad pública sólo a la propia Sedena o Marina, según corresponda.
"Una de las preocupaciones fundamentales es darle a esta institución que va a tener y ahora tiene de facto control sobre nuestras personas, sobre nuestros bienes, para poder no nada más prevenir el delito sino investigarlos, detenernos; incluso (controlan) lo que pasa dentro de las prisiones, que tengan facultades para ello sin ningún tipo de subordinación al poder civil es realmente preocupante", advirtió.
Apenas este lunes, AMLO anunció que prepara un instrumento legal, ya sea un acuerdo o decreto, por el cual buscará que la Guardia Nacional se adscriba a la Sedena; ello luego de que legisladores de oposición se pronunciaran contra un anuncio de reforma por la cual buscaría alcanzar este objetivo por la vía legislativa.
Tras este anuncio, legisladores y partidos de oposición reaccionaron en contra y urgieron a respetar la Constitución y la democracia y no tratar de gobernar sólo por decretos; mientras que especialistas advirtieron de la ilegalidad de la medida de subordinar la Guardia Nacional a la Sedena sin aprobar una reforma.