En los últimos dos años se han realizado diversas acciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en México; sin embargo, no han sido suficientes. Por lo que diversas organizaciones y colectivas de diferentes entidades se unieron para promover amparos a favor del aborto.
Entre 2021 y 2022 se despenalizó el aborto en ocho entidades del país: Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Coahuila. Además, los congresos locales de los primeros siete legislaron a favor de la interrupción legal del embarazo.
Con la Ciudad de México y Oaxaca hay 10 estados en los que es legal interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas, pero falta que se garantice este derecho en las 22 entidades restantes.
Ello, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró el 7 de septiembre de 2021 que es inconstitucional criminalizar el aborto de forma absoluta. Luego de que señaló como inválidos varios artículos del Código Penal de Coahuila que lo penalizaban.
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Asimismo, se pronunció, por primera vez, a favor del derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo. Ante esta situación, los amparos se han convertido en uno de los instrumentos de colectivas y organizaciones para exigir que garanticen el derecho de las mujeres y personas no gestantes para acceder al aborto.
Esta estrategia también fue utilizada por madres y padres de niños, niñas y adolescentes para que los vacunaran contra COVID-19.
Las abogadas de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE) han asesorado a las colectivas y organizaciones interesadas en promover los amparos a favor del aborto.
Amelia Ojeda, coordinadora jurídica de UNASSE, explicó a Grupo Fórmula que se trata de una estrategia nacional que inició con amparos individuales en 10 estados: Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
No obstante, tras la resolución de la SCJN decidieron comenzar a presentar amparos colectivos. La coordinadora jurídica añadió que recurrieron a esta estrategia porque el argumento de que los congresos estatales y de las autoridades de salud no han legislado para despenalizar el aborto es que la resolución del máximo tribunal sólo aplica para el caso de Coahuila.
“Con estos amparos lo que buscamos es que haya pronunciamientos de jueces federales sobre los códigos penales de los estados donde se presentan”, comentó.
Yucatán y Quintana Roo, primeras entidades con amparos colectivos a favor del aborto
Yucatán fue la primera entidad en la que promovieron un amparo colectivo y lo firmaron 19 mujeres que no estaban embarazadas. Las promoventes señalaron que la legislación del aborto vigente en la entidad limitaba el ejercicio de sus derechos porque promueve estereotipos de género sobre la función reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Lo que anula su capacidad de decidir.
Una jueza federal resolvió en febrero pasado mediante una sentencia que la regulación penal del aborto el el Código Penal del estado y la cláusula de protección a la vida de la Constitución de la entidad no se les aplique a las demandantes. Así que ellas podrán abortar libremente si lo llegan a requerir.
En esa entidad sólo se contemplan cinco causales de aborto despenalizadas: cuando es accidental; cuando es producto de violación o inseminación artificial no consensuada; si pone en riesgo la salud de la madre; por razones económicas para madres con al menos tres hijos; o por detección de alteraciones genéticas o congénitas en el producto.
Tras la resolución, UNASSE contactó a las integrantes de Gobernanza MX, organización de Quintana Roo, para preguntarles si les interesaba promover amparos colectivos a favor del aborto, de acuerdo con Ojeda.
“Ellas reunieron 94 mujeres y lo que se hizo fue dividir ese número para que fuesen varios amparos [y así] tuviésemos varios pronunciamientos de distintos juzgadores”, resaltó.
Al respecto, Mariana Belló, vocera de Gobernanza MX, señaló a Grupo Fórmula que este año obtuvieron una sentencia favorable a favor de una mujer en Quintana Roo que se amparó para que garantizaran su derecho al aborto. Lo que las motivó para participar en el ejercicio colectivo.
Uno de los amparos fue firmado por 16 mujeres de Chetumal y presentado en uno de los juzgados de distrito de allá; el segundo fue firmado por 18 mujeres de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos; los otros cuatro amparos fueron firmados por 60 mujeres del norte de Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún. Cabe destacar que ninguna de las mujeres y personas gestantes que participaron están embarazadas.
“Una de las argumentaciones clave del escrito de amparo es que no hace falta que estés embarazada o que requieras un servicio de aborto. Sino que el sólo hecho de vivir en un contexto cultural y normativo criminalizante y, por lo tanto, estigmatizante vulnera tu libertad y autonomía para decidir sobre tu cuerpo”, advirtió.
En los primeros 6 meses de 2022, en Yucatán no se registra una sola carpeta de investigación por el delito de aborto, mientras que en Quintana Roo suman sólo dos.
¿Contra quién son los amparos a favor del aborto?
Uno de los objetivos de los amparos es que un juez federal ordene al Congreso de Quintana Roo modificar el Código Penal estatal y que declare que los artículos que criminalizan el aborto son inconstitucionales.
“Mientras el Código Penal diga que es un delito todo el sector médico vive con esa idea y que se les va a penalizar si asisten a una mujer que necesita abortar”, sostuvo la representante de Gobernanza MX.
El Código Penal del estado establece que un aborto por violación sólo puede realizarse dentro de los primeros 90 días de gestación, pero la SCJN resolvió que en esos casos no puede haber una limitación, y con una denuncia ante el ministerio público de por medio. Por ello, pretenden que se homologue la regulación en ese sentido.
Además, las promoventes exigen que el gobernador y la Secretaría de Salud pongan a disposición de mujeres y personas gestantes servicios de aborto voluntario accesibles, gratuitos, confidenciales, seguros, expeditos, no discriminatorios y con altos estándares de calidad y que se difunda ampliamente que estos están disponibles en el estado.
Amelia Ojeda también mencionó que las colectivas y organizaciones de cada entidad deciden cuál va a ser su logística, cómo van a realizar la convocatoria, su estrategia de comunicación y la forma de recabar la información.
En el caso de Quintana Roo, la convocatoria fue promovida entre defensoras de derechos humanos, activistas y feministas. Pero no fue extensiva a cualquier mujer o persona no gestante que quisiera sumarse, para evitar la intervención de personas antiderechos y porque no contaban con la capacidad operativa para ampliarla, según Mariana Belló.
Antes de firmar, Alex Méndez, abogado de UNASSE, y Amelia Ojeda hicieron reuniones informativas con las interesadas para explicarles el proceso y resolver sus dudas.
El próximo estado en el que habrá amparos será Nuevo León
La red Necesito Abortar de Nuevo León emitió una convocatoria para cualquier mujer o persona gestante que quiera firmar para promover los amparos colectivos que van a realizar.
Aún no tienen fecha de cierre para recibir firmas, pero van a realizar un amparo por cada 10 firmas que junten, de acuerdo con Vanessa Jiménez, integrante de la red.
“Es como una segunda fase de lo que hicimos el año pasado, amparos individuales donde una mujer o una persona con capacidad de gestar solicita al estado su obligación de tener una solicitud de aborto voluntario”, describió en entrevista con Grupo Fórmula.
La defensora de derechos humanos mencionó que esa fue una estrategia piloto para ver cómo respondían las autoridades porque no pretendían que se hiciera un amparo por cada mujer que quisiera tener acceso a este derecho
Aunado a ello, subrayó que tras las resolución de la SCJN no es necesario que los congresos legislen para que las instituciones de salud ofrezcan servicios de aborto seguro.
“Lo que estamos haciendo es presionar de manera colectiva, mostrar este interés de manera no individual, sino social de que la Secretaría de Salud tiene que implementar las estrategias que puedan atender las solicitudes de aborto voluntario”, expuso.
Jiménez denunció que en marzo de este año acompañaron a una mujer que quería interrumpir su embarazo por malformación, acción que está penalizada por el Código Penal de la entidad; sin embargo, la Secretaría de Salud de Nuevo León respondió que a la institución no le aplica la resolución de la SCJN que establece la inconstitucionalidad de la penalización del aborto.
Chihuahua y Tamaulipas podrían ser las siguientes entidades en las que se promuevan amparos colectivos a favor del aborto. En ambos sólo se cuenta con cuatro causales despenalizadas del aborto.
¿Cómo surgió la iniciativa de realizar amparos a favor del aborto?
Amelia Ojeda relató que un día las abogadas y el abogado de UNASSE se cuestionaron qué podrían hacer para que el acceso al aborto no fuera un obstáculo para las mujeres y personas gestantes.
“Las iniciativas para modificar los códigos penales a veces llevan mucho tiempo y muchas veces no se logra. Pueden llevar 3 años y no se logra”, comentó.
Así que buscaron una estrategia que encontraron para que diversas autoridades emitieran pronunciamientos para garantizar que las mujeres tengan acceso al aborto y determinaron que los amparos eran la mejor opción.
“Se decide utilizar toda esta argumentación [de la Corte] y precedente para presentar los amparos y de esa manera demostrar que los artículos de los códigos penales de los estados, que no son Coahuila, sí son inconstitucionales”, contó.
La abogada afirmó que ni siquiera se tendría que pedir a los congresos de los estados que legislen entorno al tema, ya que su trabajo legislativo consiste en realizar análisis de los marcos normativos estatales que van en contra de la Constitución y son violatorios de derechos humanos.
Por otra parte, argumentó que los servicios de salud deben garantizar el acceso a la interrupción del embarazo porque ya no está constituido como delito.
“Son las dos cosas que estamos empujando. Por un lado, estos pronunciamientos de manera directa y explícita, y entonces se ve la obligación de modificar los marcos normativos; y por otro lado, la prestación del servicio porque esto está relacionado con el derecho a la autonomía reproductiva, a la salud reproductiva y además ya no constituye ningún delito”, concluyó.
Por último, la coordinadora jurídica dijo que en UNASSE pueden asesorar a cualquier activista, defensora de derechos humanos, asociación o colectiva que busque replicar los amparos colectivos a favor del aborto en su estado.