Diputados locales de Michoacán aprobaron este jueves las reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública con lo que entre otras cosas se reconoce de manera legal a las policías comunitarias de pueblos indígenas formados por usos y costumbres, con lo que podrán acceder a salarios y equipamiento a cargo del erario público.
En su intervención en Atando Cabos con Olivia Zerón y Liz Rangel, Carlos Arrieta, corresponsal de Grupo Fórmula en Michoacán, detalló que con esta reforma, se abre la puerta a que distintas formas de guardias locales, como las rondas, guarichas (o Kuarhichas), rondines comunales y cualquier otra forma equivalente.
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"Lo que tendrán (las policías comunitarias) que ser respaldado de acuerdo con estas modificaciones con el presupuesto directo asignado a los pueblos originarios que se han constituido o que se constituirán legalmente como autogobierno. Además en el derecho y obligación de realizar las funciones de seguridad pública en sus comunidades con este reconocimiento se tomará en cuenta a estos cuerpos policiales en el marco normativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado", detalló en su participación en Atando Cabos.
Agregó que esto permitirá que cada comunidad ajuste el presupuesto a sus necesidades particulares con el fin de proveer a su corporación de equipo adecuado y suficiente, a la par que podrá coordinarse a las comunidades con los gobiernos estatal y federal.
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"Estas rondas comunitarias, serán elegidas los cuerpos policiales como hasta hoy sucede por usos y costumbres de las comunidades", agregó.
Explicó que el ejercicio de los recursos públicos por parte de los autogobiernos en las comunidades indígenas se realiza por decisión de las propias poblaciones locales.
A diferencia de los grupos de autodefensa, las policías comunitarias son corporaciones de seguridad que se crean en los pueblos originarios con el fin de proteger a la población. Sin embargo, autoridades han señalado que suelen ser cooptadas por grupos criminales.
En su reporte, Arrieta señaló que apenas el mes pasado se reportó el ingreso de fuerzas federales y estatales a la localidad de San Juan Nuevo Parangaricutiro, lo que desató bloqueos en la localidad vecina de Uruapan. El operativo se dio porque se señaló a la primera localidad como que no es un pueblo indígena y que sus policías comunitarias estaban al servicio de un grupo criminal de la región.