El desplazamiento forzado interno es un problema que ha afectado a miles de personas en México y fue invisibilizado por varias décadas. Muestra de ello es que actualmente no existen datos que permitan conocer la cantidad de víctimas que hay a nivel nacional, advirtió Joseph Herreros, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México.
El especialista detalló que México enfrenta cuatro desafíos para prevenir, atender y reparar la problemática. En primer lugar está la ausencia de un marco normativo y la falta de políticas públicas que garanticen una respuesta eficaz por parte del Estado.
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“Reconocer el desplazamiento forzado interno es reconocer que el problema existe y que las políticas públicas no han sido suficientes para prevenirlo y responder”, añadió.
Durante la presentación del informe Desplazamiento Forzado Interno en México: del reconocimiento a los desafíos, Herreros comentó que la falta de presupuesto es uno de los obstáculos que han impedido la aprobación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente este fenómeno.
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El segundo desafío, según Herreros, es que no hay datos para dimensionar el problema. Esto se debe a que ninguna dependencia realiza un censo para determinar cuántas personas desplazadas hay a nivel nacional, ni se analizan las causas.
El representante de ACNUR indicó que los censos de población arrojan elementos para acercarse a la problemática; sin embargo, falta más información para entender el fenómeno.
Por ello, apuntó la importancia de generar información precisa sobre quiénes son desplazados, cuáles son las causas, dónde están, a dónde se dirigen, entre otros factores, para tener un panorama completo de la situación.
El tercer desafío es la urgencia de proporcionar respuestas que ayuden a las víctimas, agregó, porque hay personas que llevan décadas desplazadas y no les han proporcionado ningún tipo de asistencia.
Por último, está la falta de participación de las víctimas de desplazamiento forzado interno en el desarrollo de marcos legales y políticas públicas.