La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que varios gobernadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) violaron la ley al promover la revocación de mandato en plena veda electoral.
De acuerdo con la determinación del TEPJF fueron un total de 15 mandatarios estatales y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quienes cometieron un total de 98 ilícitos por promocionar el ejercicio democrático en periodo prohibido.
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Entre los otros funcionarios que realizaron propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato se encuentran: Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí; Alfonso Durazo, de Sonora; Marina del Pilar, de Baja California; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Cuitláhuac García, de Veracruz; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero, Miguel Barbosa, de Puebla, entre otros.
El magistrado Felipe de la Mata afirmó al presentar su proyecto que los gobernadores cometieron infracciones de propaganda personalizada a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, además vulneraron el principio de neutralidad.
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“Ante la desobediencia reiterada de las personas servidoras públicas de respetar la Constitución, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es la actitud que debe adoptar el Tribunal ante esta transgresión? Para mí, la respuesta es más que evidente: se deben adoptar todas las medidas necesarias para hacer respetar la Constitución como fundamento del orden jurídico de nuestro país”, expuso.
En la propuesta inicial del magistrado se planteaba que el Instituto Nacional Electoral (INE) definiera los lineamientos para detectar faltas a la Constitución, así como sus respectivas sanciones entre las que figura la ‘pérdida del modo honesto de vivir’ y por tanto, el registro a futuras candidaturas.
Sin embargo, ésta última propuesta no fue aceptada por todo el pleno, por lo que el proyecto fue aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra de los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto e Indalfer Infante.
Respecto a ello, la magistrada Janine Otálora consideró que la propuesta excedía las facultades del INE, al identificar bajo qué supuestos una persona puede perder el “modo honesto de vivir”.