Las corridas de toros y peleas de gallo no pueden ser consideradas como patrimonio cultural o inmaterial en los estados de México, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este miércoles, al votar el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán donde se considera que estos eventos promueven actos de maltrato y tortura.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Segunda Sala del máximo tribunal del país resolvió el proyecto del ministro Pérez Dayán, donde se determinó que ni las corridas de toros ni las peleas de gallos pueden ser consideradas como expresiones culturales, además de que no salvaguardan los derechos y libertades reconocidos en el sistema jurídico.
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Esta decisión de la Suprema Corte se da tras la solicitud de un amparo por parte la organización Cuenta Conmigo Tepic y en contra de que las corridas de toros sean consideradas como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Nayarit. Esta resolución no implica que la tauromaquia se encuentra prohibida en México.
Otra resolución aprobada en el proyecto del ministro Pérez Dayán es que la llamada 'fiesta brava' está en contra de los métodos para sacrificar ganado con fines comerciales, donde se prohíben procedimientos que causen sufrimiento o prolonguen la agonía de los animales y "especies merecedoras de un trato decente".
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Para este proyecto, el ministro citó diversos dictámenes veterinarios acerca de las lesiones que sufren los toros de lidia tras estar en el ruedo. La Suprema Corte dejó en claro que no protegerá las corridas de toros en caso de que varias entidades decidan prohibirlas.
En la Ciudad de México, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa ordenó la suspensión definitiva de las corridas de toros y novilladas en la alcaldía Benito Juárez, donde se ubica la Plaza de Toros México, por lo que se tuvieron que aplazar los eventos programados.
Mario Zulaica, director de la Plaza de Toros México, declaró que no existe ninguna ley que impida la realización de corridas, esto a pesar de que tres de cada cinco mexicanos se oponen a estos eventos.