México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ser periodista y defensor de los derechos humanos. En lo que va del sexenio del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), suman 33 periodistas y 97 defensores de derechos humanos asesinados. En este contexto el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es insuficiente para garantizar una protección integral, de acuerdo con organizaciones y algunos beneficiarios del mismo.
Gabriela Rasgado es periodista desde hace 12 años y en 2019, cuando trabajaba en Oliva Noticias, en Veracruz, fue víctima de acoso, de actos de intimidación y amenazas por parte de funcionarios públicos del gobierno de Veracruz.
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En marzo de 2019 una de sus colegas le contó que la contactaron del gobierno estatal y le pidieron información personal sobre ella. Le preguntaron cuáles eran las fuentes, cómo le pagaban, de qué forma estaba contratada, y el servidor que le llamó a su compañera le confesó que le habían pedido investigar a Gabriela.
“La vi y me entregó una memoria USB con las llamadas grabadas porque como éramos de radio teníamos aplicaciones para grabar llamadas. Me dijo que estaba preocupada, yo le confesé que tenía miedo de que algo pudiera pasar”, comentó la periodista a Grupo Fórmula.
Además, unos días después recibió amenazas a través de redes sociales. Le advirtieron que iban a abusar sexualmente de ella y que iba a estar en la lista de feminicidios.
Más de 2 mil agresiones contra defensores y periodistas en este sexenio
La organización Artículo 19 ha documentado 1 mil 945 agresiones contra la prensa en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan sólo en 2021 registró 644 ataques contra la libertad de expresión, es decir, que hubo 1 cada 14 horas.
La violencia hacia los defensores de derechos humanos también persiste. En este sentido, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México reportó que en enero de este año registró 46 agresiones contra defensoras y periodistas; en 2021 fueron 1 mil 125; en 2020 documentó 1 mil 700 y en 2019 ocurrieron 812.
Las agresiones de las que son víctimas periodistas y defensores de derechos humanos incluyen amenazas, actos de intimidación y hostigamiento, ataques físicos y digitales, campañas de desprestigio y los casos más graves terminan en ataques directos que muchas veces derivan en homicidios y feminicidios.
Aunado a ello, van 59 periodistas y 97 defensores de los derechos humanos asesinados, de acuerdo con datos de Segob y de Artículo 19.
Las entidades que concentraron la mayor cantidad de homicidios, de acuerdo con la Segob, fueron Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, Veracruz y el Estado de México.
La dependencia federal también informó, durante el Diálogo Regional que se realizó en Oaxaca, que la impunidad alcanza 91 por ciento en los asesinatos de periodistas y 99 por ciento en el caso de los homicidios de defensores de los derechos humanos. Lo que incide en que este tipo de crímenes se sigan cometiendo.
El problema es que los principales agresores son, irónicamente, servidores públicos, quienes se suponen que tendrían que protegerlos; en el 43 por ciento de los casos son funcionarios municipales, mientras que la delincuencia organizada realiza el 33.5 por ciento de los ataques, según Segob.
El Mecanismo no proporcionó protección inmediata a periodista
Tras el acoso del que Gabriela Rasgado fue víctima presentó una denuncia contra quien resultara responsable de los hechos ante la Fiscalía General de Veracruz y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Esa no fue la primera vez que la agredieron; previamente sufrió 2 episodios de acoso del exfiscal del estado Luis Ángel Bravo, quien fue encarcelado por desaparición forzada.
En ese entonces realizó una solicitud para ser adherida al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob. Sin embargo, no la incorporaron.
Después del acoso del gobierno estatal varias organizaciones defensoras de periodistas se pronunciaron. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervino, pero tampoco le hicieron caso.
Así que un mes después, en abril, acudió a una conferencia matutina de López Obrador que se realizó en Xalapa. Ahí le entregó un documento en el que le explicó que la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por las amenazas que recibió. Su caso se volvió mediático y “puso en el ojo público lo que sucedió”.
“Durante esos meses hubo una presión mediática fuerte. Al principio me apoyaron en Oliva Noticias, pero cuando el caso llegó a AMLO ya no lo hicieron. Me quitaron fuentes, me decían que ya no podía reportear cosas que me gustaban”, agregó Gabriela.
La reportera dejó de cubrir los temas que le gustaban y le cambiaron su agenda. Aunque llegó el momento en el que dejaron de publicar sus notas informativas.
Los actos de intimidación continuaron
En agosto del mismo año, el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, realizó una conferencia de prensa y Gabriela quería obtener la posición del funcionario sobre algunas investigaciones que realizó.
“Acudí a la convocatoria, me tomaron mis datos y fotos a mis credenciales para que al final todos entraran, menos yo y el argumento fue que ya no había espacio para mí”, relató en entrevista.
La periodista hizo público lo sucedido y fue cuando integrantes del Mecanismo la contactaron; pues lo sucedido, aseguró, hizo evidente el bloqueo informativo del que fue sujeta.
El personal del Mecanismo le solicitó una relatoría de las agresiones de las que fue víctima y en diciembre de 2019 le notificaron que ya era beneficiaria. Aunque sólo le dieron un botón de pánico y la Segob se coordinó con la CEAV porque, tras su denuncia, la Comisión le proporcionó cámaras de videovigilancia.
Periodistas y defensores denuncian falta de claridad en las medidas de protección
Gabriela Rasgado sostuvo que no hay claridad sobre los parámetros que el Mecanismo de Protección utiliza para determinar que un periodista o defensor de derechos humanos “es susceptible” de recibir el apoyo o no.
Desde 2018 y hasta abril de 2022, el Mecanismo recibió 342 solicitudes de periodistas que buscaban ser incorporados; de los cuales únicamente 315, el 92 por ciento, fueron aceptados.
En el caso de los defensores de derechos humanos 359 hicieron solicitudes y sólo 283 fueron incorporados, es decir que sólo el 78 por ciento de los solicitantes obtuvo medidas de protección, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.
De igual forma, Gabriela indicó que no hay claridad sobre la estrategia que utiliza para definir el tipo de medidas que van a proporcionar. En su caso le otorgaron la protección 9 meses después de que la solicitó y durante ese periodo el riesgo incrementó, pero sólo le dieron un botón de pánico.
Un año después, en diciembre de 2020, la periodista solicitó la reevaluación de las medidas cautelares porque volvió a ser agredida.
La periodista cubrió a una compañera que se ausentó de la radio durante 2 semanas. En un programa en vivo detalló que Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, municipio a unos 35 minutos del puerto de Veracruz, fue asesinada y antes fue amenazada por el secretario de Gobierno estatal, Eric Cisneros Burgos.
Esto provocó molestia en el gobernador, Cuitláhuac García, y causó, según relató Rasgado, que despidieran a toda la redacción. Aunque la comunicadora lo reportó al Mecanismo no le ampliaron las medidas cautelares de protección.
Joaquín Galván, defensor desplazado por falta de protección del Mecanismo
Como Gabriela Rasgado hay otros beneficiarios que están en desacuerdo con las medidas de protección que les han proporcionado porque consideran que son insuficientes para garantizar su seguridad y proteger su vida. Joaquín Galván es uno de ellos; él es defensor de derechos humanos de la comunidad mixe en Oaxaca.
El activista fue desplazado de la entidad porque su vida y la de su familia están en riesgo. El 20 de febrero, los cuerpos de tres migrantes mexicanos fueron localizados en Arizona, Estados Unidos, y sus familiares fueron notificados dos días después.
Galván inició el proceso de acompañamiento para exigir justicia desde entonces, pero tuvo que separarse del caso porque le informaron que algunos integrantes del grupo criminal que estarían detrás del homicidio regresaron a Oaxaca y empezaron a reunir información sobre él.
Por consiguiente, solicitó la protección del Mecanismo el 3 de marzo de este año; sin embargo, lo integraron hasta el 5 de abril, un mes después.
La única medida de protección que le proporcionaron fue un botón de pánico, como a Gabriela Rasgado, y se lo entregaron hasta el 14 de abril.
“El contacto que empecé con el Mecanismo de Protección fue porque hice una denuncia pública, a raíz del acompañamiento de un caso de homicidio que pasó en Phoenix, Arizona, y poco a poco se fue extendiendo el caso hasta llegar a una red de tráfico de migrantes muy violenta”, afirmó a Grupo Fórmula.
El defensor pidió que el Mecanismo le diera otro tipo de medidas de protección porque el botón de pánico sirve para alertar a las instituciones de seguridad más cercanas a su domicilio y él pertenece a una comunidad indígena. Por ello, los cuerpos de seguridad son tradicionales, no tienen armas de alto calibre y la estación de la policía estatal más cercana está a 60 kilómetros de distancia.
“Un botón que efectivamente corroboré que no es eficaz para atender una situación. Me dieron números de teléfonos de policías estatales y cuando hubo una situación de emergencia yo marqué y nunca me mandaron a una patrulla”, denunció.
Botón de pánico inservible
Joaquín Galván narró que en una ocasión identificó que uno de los vehículos de la célula criminal que lo busca acudió a su domicilio, pero él no se encontraba. El defensor pidió auxilio de agentes de seguridad estatales y le indicaron que llegarían en 1 hora con 40 minutos, pero nunca aparecieron.
Ante la falta de medidas de protección, el activista abandonó su comunidad, se separó del caso y no va a regresar hasta que le proporcionen medidas de seguridad que garanticen su seguridad.
La Junta de Gobierno del Mecanismo, encargada de evaluar los casos de los solicitantes, sesionó el pasado 27 de mayo y resolvió entregarle cámaras de seguridad al defensor mixe. También le asignaron agentes de seguridad para que realicen recorridos constantes de seguridad en su lugar de residencia en Oaxaca.
Por lo cual no va a regresar a su comunidad, ya que consideró que aún no cuenta con las medidas suficientes de seguridad para regresar.
La Junta de Gobierno está integrada por 1 representante de la Segob, 1 de la Fiscalía General de la República, 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), 1 de la CNDH y 4 personas del Consejo Consultivo.
El Consejo Consultivo está integrado por 9 personas, divididas entre defensores de derechos humanos y periodistas, pero sólo 4 participan en la Junta.
¿Cuál es la estrategia que el Mecanismo usa para definir las medidas de protección?
Eduardo Mosqueda, suplente del Consejo Consultivo del Mecanismo y defensor de derechos humanos, explicó que el Mecanismo cuenta con una metodología para determinar el nivel de riesgo de los periodistas y defensores de derechos humanos que solicitan la protección.
Igualmente existe un catálogo con las medidas que pueden proporcionar de acuerdo con el nivel de riesgo. El consejero comentó que cualquier persona defensora de derechos humanos y periodista puede realizar una solicitud ante el Mecanismo. Existen 3 opciones para hacerlo: por correo electrónico, mediante una llamada y de forma presencial.
Hay 2 tipos de procedimientos, de acuerdo con Mosqueda: el extraordinario y el ordinario. El primero se solicita cuando el periodista o defensor requiere de atención urgente y el Mecanismo tiene 24 horas para responder. La extracción o reubicación suele ser una de las medidas urgentes más frecuentes.
En cambio para los procedimientos ordinarios, el Mecanismo realiza una evaluación. ¿En qué consiste? Los funcionarios o evaluadores realizan entrevistas a los periodistas o defensores que pidieron protección. Adicionalmente, pueden solicitar una relatoría de los hechos y durante esta etapa las víctimas pueden aportar los datos de prueba que consideren necesarios.
En algunas ocasiones también se realiza un análisis del contexto. Al respecto, Mosqueda explicó que los beneficiarios pueden presentar un plan con las medidas cautelares que consideran necesarias.
La Junta de Gobierno realiza las evaluaciones al final de cada mes y unos días antes les proporcionan los documentos de cada caso a los integrantes para que les dé tiempo de estudiarlos.
“En la junta de gobierno se sientan las partes, se sienta el evaluador y empieza a describir grosso modo la evaluación y la propuesta del plan de seguridad. Las diferentes autoridades pueden opinar o también uno puede opinar diciendo: ‘Oye, ¿sabes qué? En la evaluación te faltó esto y esto o fallaste un poquito en la apreciación’”, comentó.
Una vez que se discutió el plan lo suficiente, se realiza una votación y se emite el Plan de Protección. Por lo regular se establece 1 año para hacer una reevaluación y determinar si las medidas deben ampliarse o disminuirse, pero los beneficiarios o la Junta puede solicitar que se realice antes.
Si el periodista o defensor beneficiario no está de acuerdo con el plan puede ejercer su derecho al recurso de inconformidad. En ese caso la Junta de Gobierno tiene que reevaluar en la próxima sesión, es decir el siguiente mes.
“Creo que sí es importante que si las personas defensoras y periodistas, si no son expertos en la materia, se acerquen a personas o a organizaciones que están dentro del Consejo Consultivo o que tienen experiencia en la materia”, opinó.
Eduardo Mosqueda consideró que de esa forma es más factible que los beneficiarios accedan a un plan de seguridad efectivo.
¿La Junta de Gobierno ya no definirá las medidas de protección?
El Consejo Consultivo expresó su preocupación, mediante un comunicado que difundió el 24 de mayo, porque las autoridades federales que integran la Junta de Gobierno y la CNDH aprobaron ceder a la Coordinación Nacional del Mecanismo para que defina de forma “discrecional” el catálogo de medidas que proporcionan a los beneficiarios.
La Comisión Ejecutiva Nacional anunció, el pasado 29 de abril, la firma de un nuevo contrato con la empresa RCU, encargada de proporcionar los botones de pánico, que incluye un anexo técnico que no fue aprobado por la Junta.
El anexo incluye un catálogo de medidas preventivas, de protección y de carácter urgente que permiten establecer acciones institucionales que garantizan la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que están en riesgo.
El Mecanismo se creó en 2012 porque la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas así lo establece y la legislación establece que la Junta de Gobierno es la encargada de “determinar, decretar, evaluar, suspender y modificar las medidas”.
Por otra parte, el Consejo Consultivo advirtió que en 2019 realizó un trabajo con integrantes de la sociedad civil para ampliar el carácter de las medidas individuales y poder ampliarlas a un nivel colectivo
Diversas organizaciones y los integrantes del Consejo hicieron un llamado a la Segob y a la Coordinación Nacional, a cargo de Enrique Irazoque, para que respete y fortalezca el Mecanismo, en lugar de retroceder.
Necesaria, una política pública integral
La Ley para la Protección de defensores y periodistas definir la estrategia de cooperación entre la Federación y los gobiernos estatales para implementar medidas de prevención y protección.
Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, explicó, el pasado 8 de marzo en la Cámara de Diputados, que dicha ley se hizo por la falta de atención de las agresiones y de las omisiones de las fiscalías para emitir medidas cautelares a las víctimas.
El coordinador también añadió que el Mecanismo es un órgano de coordinación y cooperación entre la federación, las entidades federativas y las fiscalías “para implementar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.
No obstante, agregó que el Mecanismo no implementa acciones para prevenir ataques a nivel estatal o municipal; no investiga delitos, ni le corresponde combatir la impunidad y tampoco tiene atribuciones para erradicar la violencia.
Los esfuerzos de la Segob y del Mecanismo han resultado insuficientes, ya que la violencia contra defensores y periodistas permanece.
Por ello, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil par la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) ha organizado diversos encuentros en diferentes ciudades del país desde 2018.
Organizaciones presentaron informe para contribuir a la creación de la política
Como resultado de los encuentros, el Espacio OSC presentó su informe Puntos prioritarios para garantizar el derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de expresión.
A través de este documento, las 13 organizaciones que conforman el Espacio OSC pretenden “abonar a la generación de una política pública integral que garantice el derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de expresión”.
La política pública integral, de acuerdo con las organizaciones, debe ser entendida como un proceso que va más allá de la emisión de un marco normativo y garantizar una respuesta oportuna a la vulneración de derechos de periodistas y defensores.
Para lo cual es indispensable mantener un diálogo continuo con la sociedad civil , las instancias de gobierno y la comunidad internacional.
“Esto con el fin de analizar y abordar las situaciones de riesgo, analizar las causas y patrones, y las propuestas concretas a cada uno de los problemas identificados por cada eje de acción”, según el documento.
Asimismo, debe asegurar la asignación de responsabilidades sobre prevención, protección, investigación y reparación entre autoridades de los 3 niveles de gobierno. De esta forma se fortalecerán las condiciones para que periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer sus labores. Además, será complementaria del Mecanismo.