El Congreso de Sinaloa aprobó de forma unánime la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para garantizar la protección y el ejercicio de las personas que ejercen ambas actividades en el estado.
Además, legisladoras y legisladores adicionaron delitos contra la libertad de expresión y defensores de derechos humanos al Código Penal de Sinaloa.
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Las sanciones van de 6 meses a 4 años en prisión y de 200 a 300 días de multa para quien use la violencia con el objetivo de evitar que se ejerza el periodismo o defensa de derechos humanos; así como para quien obstaculice, impida y reprima el trabajo de los periodistas o de los defensores.
Estos delitos se perseguirán por querella y si son cometidos por servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, las penas aumentarán el doble.
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De esta forma, las autoridades y las instituciones estarán obligadas a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de las actividades periodísticas y de defensa de derechos humanos.
Se creará un Instituto para garantizar la protección de periodistas y defensores
La ley establece que las autoridades estatales deberán implementar y operar las medidas de prevención, protección y aquellas que sean urgentes para garantizar el derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por el ejercicio de cualquiera de las 2 actividades.
Asimismo, indica que cualquier agresión contra defensores de derechos humanos y periodistas será investigada por las autoridades de forma inmediata y oficiosa con un enfoque de derechos humanos diferenciado. Por lo que se aplicará perspectiva de género cuando sea necesario.
Adicionalmente, se creará el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cuál funcionará como un organismo autónomo. Esto quiere decir que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión. El Poder Ejecutivo tendrá que realizar las modificaciones presupuestales necesarias.
¿De qué se encargará?
El Instituto se encargará de prevenir, atender y proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en los casos de agresiones. Entre sus facultades está:
- Elaborar su plan de trabajo anual que deberá ser aprobado por el Consejo Consultivo del Instituto.
- Presentar un informe anual de actividades ante el Congreso de Sinaloa.
- Proporcionar las medidas necesarias para evitar la consumación de amenazas o agresiones.
- Coordinar el cumplimiento de medidas preventivas, de protección y urgentes de protección con las instituciones especializadas, autoridades administrativas e instancias jurisdiccionales competentes.
- Vigilar, solicitar y evaluar la implementación de dichas medidas a favor de defensores de derechos humanos y periodistas.
- Denunciar a los servidores públicos que incumplan o alarguen la implementación de las medidas mencionadas.
- Presentar denuncias o quejas ante las instituciones de procuración, impartición de justicia o defensa de los derechos humanos, así como dar seguimiento a las mismas.
- Coordinar actividades de capacitación y colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y otros organismos de protección.
Sus integrantes serán nombrados por el Congreso de Sinaloa
El Instituto se integrará por un Consejo Consultivo, cuyos integrantes serán nombrados por el Congreso de Sinaloa y en apego al principio de paridad de género. Durarán en su encargo cuatro años, con posibilidad de reelección por una sola ocasión, el cargo será honorífico.
Adicionalmente, el Instituto estará conformado por una dirección general. El director también será nombrado por el Poder Legislativo estatal a través de una convocatoria pública, permanecerá 5 años en el cargo sin posibilidad de reelección.
De igual forma tendrá un Órgano Interno de Control con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Su titular será designado por el Congreso, mediante convocatoria, y durará en su encargo seis años sin posibilidad de ser reelecto.
Durante lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 36 periodistas, según Artículo 19, y 97 defensores de derechos humanos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación.