Junto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya es una de las obras más importantes en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aunque las obras del tramo 5 -que irá de Cancún a Tulum- se encuentran detenidas a causa de que activistas y ambientalistas han alertado de posibles hundimientos.
El pasado 18 de mayo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el tramo 5 del Tren Maya, donde se revela la posibilidad de hundimientos a causa del suelo kárstico, presente en la Península de Yucatán y común en las áreas donde hay cavernas subterráneas o cenotes.
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De acuerdo con la MIA, el Tren Maya se vería afectado por "la interacción con los sistemas kársticos, los cenotes, los flujos subterráneos", además del posible daño a la conectividad hidrológica natural. El mismo documento afirma que el tipo de suelo (de naturaleza porosa) es "el mayor reto" para el tramo 5 sur.
Organizaciones, como el Círculo Espeleológico del Mayab, advierten que el trazado del tramo 5 del Tren Maya corre a la par de zonas donde hay cenotes y que han presentado socavones, por lo que han pedido reconsiderar dicho proyecto en aquella región perteneciente al estado de Quintana Roo.
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En la MIA, Fonatur advierte que el suelo kárstico es uno de los mayores obstáculos para el Tren Maya, por lo que propuso un programa de mitigación, prevención y manejo de contingencias ambientales, lo que incluye al suelo kárstico.
Las obras del tramo 5 del Tren Maya se encuentra detenidas desde el pasado 18 de abril, cuando un juez admitió una suspensión provisional en contra de dicha parte del proyecto, derivado de que no tenía una MIA. En los tramos restantes, el gobierno federal continúa con la edificación de la vía férrea y se espera que esté en operaciones para finales de 2023.
Otros señalamientos contra el Tramo 5 Sur del Tren Maya es la destrucción ambiental y el desplazamiento de especies, lo cual llevó a una serie de colectivos a interponer una demanda y solicitar una reparación del daño estimada en 572 mil 147 millones de pesos.