Este martes, la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) dio a conocer una demanda colectiva que realizó a nombre de ambientalistas, activistas y habitantes de la zona del Tren Maya contra empresas constructoras de los tramos 4 y 5 de la obra.
La demanda exige la reparación de daños ambientales por un monto de 572 mil 147 millones de pesos (unos 27 mil millones de dólares) a por ahora, 5 empresas que participaron en las obras.
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En el caso del Tramo 4 del Tren Maya se tratan de ICA constructora e ICA constructora e infraestructura; mientras que en el Tramo 5 sur, cuyas obras se encuentran suspendidas desde abril pasado, se demanda al consorcio integrado por Grupo México, Acciona infraestructuras y México Proyectos y Desarrollos.
No obstante, dijo el presidente de ONRE, el abogado Alberto Guerrero Rojas, se buscará sumar a al menos otra treintena de compañías que han participado en la construcción del Tren Maya que a su juicio se han enriquecido con el daño ambiental causado a la selva de esa zona; lo que ha impactado a especies protegidas y no d de flora, fana así como a los cenotes y ríos subterráneos.
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Daños por el Tren Maya
La demanda se basó en un estudio en el que participaron 60 científicos y que calculó cuánto cuesta la reparación de cada uno de los elementos afectados por las obras.
Según los resultados del estudio, compartidos por ONRE, los impactos ambientales identificados por la construcción del Tren Maya solamente del Tramo 5 implican 4 subsistemas y abarcan 11 rubros. Los primeros son los daños biológicos; los daños físicos, los económicos y los daños sociales.
De acuerdo con las proyecciones del estudio de la organización, estos impactos biológicos alcanzarían 780 hectáreas de selva, en el primer caso; mientras que en extenso, los daños indirectos podrían impactar a más del triple, 2 mil 400 hectáreas. Mientras que para el área costera se prevé el impacto económico y social a 120 kilómetros lineales de costa. En tanto que los impactos al acuífero no están dimensionados pero se estiman que cambien su estado físico.
- Según la proyección de ONRE, el impacto a las 780 hectáreas de selva y los cenotes tendrían un costo de reparación de podrían alcanzar los 125 millones 328 mil 840 pesos considerando un precio de 160 mil 678 pesos por hectárea impactada de humedal; aunque los precios podrían ser menores en caso de tratarse de bosque tropical o de manglar, cuyos precios de reparación por hectárea van de 11 mil 914 y 38 mil 766 pesos respectivamente.
- En esa misma tónica, los impactos indirectos, a las 2 mil 400 hectáreas de selva podrían alcanzar hasta 385 millones 627 mil 200 pesos.
- En cuanto a pérdida de flora, el análisis proyecta hasta 12.5 mil millones de pesos por la pérdida de flora en 780 hectáreas de vegetación, considerando árboles y arbustos. Para este cálculo consideraron que por hectárea en promedio hay 98 árboles y 4 arbustos, cada uno con costo unitario de reparación de 80 mil y 40 mil pesos. Entonces el costo por hectárea alcanzaría los 8 millones de pesos, es decir, 6.24 mil millones de pesos para las 780 hectáreas. A esto se sumaría un 40 por ciento por costo de supervisión que elevaría el monto a 8 mil 736 mdp. Aunado a ello, el costo por el cuidado y el manejo sostenible sumaría otros 12.5 mil mdp por la edad estimada de la selva impactada de 100 años.
- En cuanto a los daños asociados a la fauna, este valor es invaluable; no obstante, el análisis marca una compensación de 3 veces el impacto a la flora, por un monto de 26.2 mil mdp.
- Otro rubro que menciona el análisis de ONRE es el daño al sistema hídrico subterráneo, que también señala como incalculable pero que tasa en una compensación de 10 veces el impacto a la flora, en 87.36 mil mdp.
- Este valor lo señala también para los aspectos de daño arqueológico a la pérdida de la historia de la humanidad, ubicación del predio a la cuenca, fragmentación del paisaje, salud forestal y susceptibilidad ante actividades antropogénicas. En total, estos suman unos 436.8 mil mdp.
- Finalmente, establecen una reparación de 300 mdp por un año de productividad en el arrecife mexicano por concepto de transferencia de beneficios, es decir, un impacto ecológico indirecto.
Con la demanda presentada por la Organización, se espera que se puedan frenar las obras de todo el Tren Maya aunque sólo se contemplan impactos del Tramo 5, según el abogado Guerrero Rojas.