Por un lado, un serio Eugenio Derbez, lejos del comediante al que nos tiene acostumbrados, dice que el Tren Maya está destruyendo la selva; por el otro, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusa lo de siempre: son sus adversarios, son intereses creados, que alguien les está pagando. Y hasta cita al que pareciera su enemigo, Claudio X. González.
Pero no, defendió Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), quien respaldó al movimiento, su legitimidad, su autenticidad y su origen ciudadano, además de que lo vio como una opción de visibilidad de su lucha ciudadana.
Te podría interesar
"Hay que decirlo claro y fuerte, es un movimiento auténtico, es legítimo, es genuino, está dentro de la ley, es muy valido y no hay ni un centavo para nadie, nadie percibe un centavo por estar participando en esta campaña", aseguró en entrevista para Atando Cabos con Denise Maerker.
El especialista lleva casi 4 años en la pelea jurídica en contra del Tren Maya. Pero no está en contra del proyecto, sino en contra de que se realice fuera de la ley.
Te podría interesar
Y se explicó: así como el Cemda, otras organizaciones como el Equipo Indignación en Yucatán y Campeche han promovido amparos contra las violaciones a la ley por la ejecución de la obra.
La principal es la falta de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) integral, es decir, que contemple todo el proyecto en las 5 entidades que afecta (Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo) y no una por sección.
De hecho, la semana antepasada, se informó que Indignación había ganado un amparo en defensa del derecho a un medio ambiente sano de las poblaciones de los primeros tres tramos, que van de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán. Con ello, se concedió una suspensión de la obra bajo este principio: que la MIA no tiene alcance regional y que se revisará la constitucionalidad del documento, que sólo atiende a una parte.
Tramos 4 a 7 del Tren Maya no tienen MIA
En ese sentido, se trata de una violación a la ley que siga la obra en los siguientes tramos, aún cuando no tienen la MIA.
"Lo único que pedimos es el cumplimiento de la ley, que se someta en su integralidad al procedimiento de impacto ambiental, que por ley lo tienen que hacer. No sólo este proyecto, todos tienen que cumplir con estas disposiciones legales. No sólo es eso, sino también que en la zona hay decretos de áreas protegidas federales y estatales", advirtió en la entrevista Gustavo Alanís.
A ello se suma los desafíos que han causado los cambios en los trazos del Tren Maya. Anunciado en 2018 durante la campaña presidencial de AMLO, el plan original contemplaba una ruta que bajara de Cancún a Chetumal, atravesara la selva de Calakmul y llegara a Palenque vía Tenosique, Tabasco, y Escárcega, al sur de Campeche.
Pero luego se modificó el plan para hacer del Tren Maya un circuito que lo llevara por el lado norte, de Escárcega a la ciudad de Campeche, y de ahí a Mérida, Valladolid, cerca de Chichén Itzá, y Cancún.
Pero entre 2019 y 2020 se modificó esta última conexión en 2 ocasiones, primero por la dificultad de intervenir en una carretera concesionada, en este caso a ICA, al norte de Quintana Roo y el oriente de Yucatán, lo que abarca el actual Tramo 4.
Y luego, regresar al trazo original luego de encontrar obstáculos como cavernas, ríos y vestigios arqueológicos, además de que la naturaleza del suelo de la península de Yucatán, suponía un riesgo para la obra. Entonces para 2020, todo cambió para quedarse como estaba al inicio del gobierno de AMLO, en 2019.
El tema fue que las obras comenzaron para el tramo 5 del Tren Maya, al norte de Quintana Roo, con la idea de aprovechar la actual carretera 307, que va de Cancún a Chetumal, y es la única vía que conecta los dos polos de la entidad.
Entonces los empresarios pidieron a finales de 2021 mover el trazo por las grandes afectaciones que llevaría la obra, al retrasar el tránsito hasta por 4 horas.
Con reservas territoriales, terrenos de privados, ejidos y de inversionistas, el gobierno accedió y apostó a principios de 2022 por llevar el Tren Maya entonces para el interior de la selva. Pero no fue este cambio sino todos los golpes de timón que se tomaron en estos años los que causan dudas sobre el impacto del proyecto, no sólo en el ambiente, también en las comunidades que habitan en sus alrededores.
Y es eso lo que a fin de cuentas cuestionó Gustavo Alanís. Pues en su experiencia, estos proyectos y sus MIA requieren al menos entre 4 y 6 meses. Mientras que el cambio de trazo del tramo 5 del Tren Maya, anunciado a inicios de este año, no tiene más de 3 meses.
"Tiene que ver con cuestiones ambientales, pero también sociales, con impactos a la salud de las personas; no puedes decir de un día para otro que cambiaste el trazo y va para adelante", cuestionó.
Por ello, clamó también por el respeto a las comunidades indígenas de la región, en su mayoría mayas, mismo que está marcado en la Constitución, pero también en acuerdos internacionales aprobados en México. O lo que es lo mismo, que la construcción del Tren Maya respete la ley.