El activista Joaquín Galván, quien ha acompañado a las familias de los tres migrantes asesinados, tuvo que detener su trabajo como defensor y pausar algunas acciones urgentes por la falta de protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) ante las amenazas que ha recibido y que ponen en peligro su vida.
En entrevista con Grupo Fórmula, señaló que para acompañar a las familias de los migrantes Abimael Jiménez, Isauro Martínez y Herminio Pérez es necesario que se traslade a Santo Domingo Tepuxtepec Mixe, comunidad de Oaxaca, porque no tienen acceso a medios electrónicos. Por lo que no podrá desplazarse a la zona hasta que cuente con las garantías de seguridad necesarias.
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“Eso implica detener algunas cosas que son urgentes, pero que no se van a poder retomar hasta que haya garantías adecuadas para poder continuar con estos procesos de acompañamiento”, expresó.
En este sentido, el defensor aclaró que no se ha deslindado del caso del asesinato de los migrantes, ya que mantiene comunicación con las familias y analizan qué sigue; sin embargo, el proceso para exigir justicia está detenido, por el momento.
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Galván solicitó la protección del Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Segob, el 3 de marzo.
Ello, después de que le informaron que algunos traficantes, señalados como presuntos responsables del homicidio de los tres jóvenes mixes, estaban recopilando información suya y de Zaqueo Bautista, primo de Abimael Jiménez.
Segob le dio un botón de pánico que resulta insuficiente
El activista fue notificado, el pasado 17 de marzo, que fue incorporado al Mecanismo mediante un botón de pánico. A través de su cuenta de Twitter indicó que si se presenta una situación de riesgo, debe presionarlo para alertar a autoridades de seguridad inmediatas a su domicilio.
Joaquín Galván opinó que la respuesta de las autoridades fue deficiente; pues en su análisis de la situación no consideraron que las fuerzas de seguridad que están más cerca de su domicilio son de corporaciones tradicionales.
“Un cuerpo de seguridad tradicional que con lo único que cuenta es un palo, un garrote, como arma”, agregó.
Asimismo, comentó que los elementos de seguridad de su comunidad no cuentan con adiestramiento físico, ni para el uso de armas.
“Imagínate que esa sea la autoridad inmediata que responda al botón de pánico ante un grupo armado de arma exclusiva del Ejército Mexicano. Es absurdo”, lamentó.
Además, denunció que las autoridades estatales más cercanas están a más de 60 kilómetros de distancia. Así que si llegara a presentarse una situación de emergencia, pueden ocurrir “mil cosas” antes de que lleguen.
Joaquín tiene amenazas de muerte
El riesgo al que está expuesto el activista mixe y las familias de los tres migrantes ha incrementado en los últimos días. Esto se debe a que algunos de los involucrados en el crimen también pertenecen a la comunidad mixe y tras la detención de Gonzalo Martínez, uno de los presuntos homicidas, regresaron a Oaxaca.
Algunas fuentes cercanas a Joaquín Galván lo han alertado. El jueves pasado fue la última vez que lo contactaron y le dijeron que quieren quitarle la vida.
“Este grupo, el del Toro, anda tras de ti y más porque sigues insistiendo en el tema”, se lee en uno de los mensajes que le enviaron y que el activista publicó en redes sociales. Incluso compartió la información con la Segob.
El defensor sostuvo que la asignación de una escolta que vele por su seguridad podría haber sido una de las medidas de la Segob. Aunque lamentablemente, agregó, ese tipo de seguridad sólo se brinda a funcionarios de alto nivel y a personas con poder económico.
“Mientras a los activistas y periodistas se les da un botón de pánico ineficiente que no ha evitado que los periodistas y activistas sean asesinados”, expuso.
Por último, manifestó que tomó sus precauciones, pero no vivirá con miedo. Su mayor preocupación es que le suceda algo a su familia o a la de los migrantes.