La exfuncionaria Rosario Robles Berlanga podría resultar beneficiada de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre analizar la prisión preventiva oficiosa tras exceder los dos años de duración, por lo que pronto podría obtener su libertad.
La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) lleva dos años y medio internada en el penal de Santa Martha Acatitla por presunta implicación en desvíos millonarios durante su gestión como funcionaria federal.
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Sin embargo, durante este tiempo que lleva en prisión, Robles Berlanga no ha recibido alguna sentencia por tales hechos, por lo que su situación podría cambiar o en su caso podría recibir una nueva medida cautelar.
Lo anterior debido a que este miércoles la Primera sala de la SCJN determinó que la prisión preventiva oficiosa tendrá que ser revisada cuando la persona cumpla dos años detenida sin que se le dicte una sentencia.
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Dicha determinación no implica que el acusado quedará en libertad de forma automática, sino que es un límite racional para la aplicación de dicha medida cautelar.
Es por ello, que todos los jueces del país deberán sustituir esta disposición por otra medida cautelar, una vez que se cumplan dos años tras haberse dictado y luego de analizar la complejidad del asunto, la actividad procesal del imputado y la conducta de las autoridades.
Sin embargo, el abogado Netzaí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, afirmó por medio de sus redes sociales que la determinación de la Suprema Corte no beneficiará a la exfuncionaria.
¿La razón? La prisión preventiva justificada que se le dictó a la extitular de Sedesol ya fue revisada por los juzgadores mexicanos en múltiples ocasiones, por lo que no existe posibilidad alguna de que salga en libertad.
¿Qué fue de la exfuncionaria de Peña Nieto?
Recordemos que Rosario Robles fue detenida en agosto de 2019 y fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el uso indebido del servicio público; sin embargo, lleva dos años sin recibir sentencia alguna.
Pese a que su defensa ha solicitado a las autoridades revisar si el delito estaba prescrito para los servidores públicos, el juez Ganther Alejandro Villar concluyó que el delito seguía vigente, por lo que se determinó que quedara tras las rejas.