El gobierno de Michoacán denunció el pasado miércoles 16 de febrero a exfuncionarios de la administración estatal anterior, incluido el exgobernador Silvano Aureoles por un desfalco por más de 5 mil millones de pesos.
Las primeras 4 denuncias se presentaron ante instancias federales: las fiscalías especializadas en Materia de Delincuencia Organizada, en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República; así como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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"Solamente en un rubro, son las primeras denuncias que estamos presentando ante algunos funcionarios de la administración pública anterior y quienes resulten responsables. Los hallazgos que hay y que estamos acreditando, la firma de contratos con empresas que no contaban ni con la capacidad económica ni jurídica suficiente para prestar dichos servicios”, señaló Carlos Torres Piña, secretario General de Gobierno de Michoacán.
En entrevista con Oscar Mario Beteta para En los Tiempos de la Radio, el funcionario michoacano sostuvo que el mayor monto relacionado con esta denuncia corresponde con la adquisición de un terreno al final de la administración que se arrendó previamente.
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"Hay renta de un inmueble prestación de servicio de un cuartel que se habían firmado dichos contratos, estaban los predios prácticamente sin absolutamente ninguna construcción, eran baldíos, que ni siquiera eran propiedad de una empresa, la adjudicación de inmuebles, es decir, la compra de estos mismos inmuebles posterior, dos días antes de que concluyera el mandatario anterior su encargo, se hizo la compra de dichos inmuebles que se estuvo pagando renta y prestación de servicios", refirió.
Además, indicó que se pagó un sobreprecio en la compra de otros inmuebles por 652 millones de pesos.
Habrá más denuncias por corrupción
El secretario de Gobierno de Michoacán adelantó que esta es sólo la primera denuncia que se presenta y que se se seguirá revisando la información por nuevos casos de probable corrupción.
Ello porque según él, el proceso de entrega-recepción se dio en sólo un par de días y no en los 45 que marca la ley, por lo que aún se sigue verificando el estado en que se recibió la administración.
Aunado a ello, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra 7 exservidores públicos por delitos similares.
“Por algunos delitos similares, ejercicio indebido de funciones, cohecho, peculado, y la firma de documentos, cheques, a favor de los propios servidores públicos con recursos públicos, la transferencia incluso a empresas con ciertas características de irregularidades inclusive ya observadas por la propia SHCP", refirió Torres Piña.