En la revisión de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró anomalías mínimas y que aún están por aclararse en dos de los proyectos insignias del gobierno federal: la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el titular de la ASF, David Colmenares, resaltó la disposición y el trabajo de los responsables de ambos proyectos para la aclaración de las dudas, que en un inicio fueron mayores, durante el proceso de las auditorías.
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Además, dijo que al realizar este trabajo estaban conscientes de que la opinión pública pondría el ojo en estos temas.
"Partimos de montos muy altos, y al final, cuando se aplican las dependencias, los resultados están a la luz, las auditorías son totalmente técnicas, transparentes. En el caso de lo que revisamos en Dos Bocas, empezamos con un universo de 27 mil 885 millones de pesos. La muestra, una superior al 90 por ciento inicialmente, empezamos a tener dudas sobre 1 mil 748 millones de pesos.
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"Pero hubo un trabajo muy intenso de nuestros auditores en tiempo real y se fueron a Dos Bocas, trabajamos aquí en la oficina de la Auditoría con personal de este proyecto y finalmente lo que estamos observando como pliegos solicitudes de aclaración son 59 mdp, 0,2 por ciento", dijo en el programa Por la Mañana.
En tanto que para el AIFA en Santa Lucía ocurrió algo muy similar, pues se establecieron grupos de trabajo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre ellos uno de transparencia, para subsanar las dudas en tiempo real.
"En el caso de Santa Lucía pasó una cosa parecida. Ahí revisamos el universo de 18 mil mdp, la muestra fue de 17 mil, 92 por ciento más o menos. El monto del que partimos con dudas era de 4 mil y terminamos finalmente con 2 millones de pesos, 0.01 por ciento", resaltó.
Pendientes de aclarar ante la ASF
En entrevista con Gómez Leyva, el titular de la ASF resaltó que estos informes no son definitivos, por lo que se cuenta con un periodo para presentar información complementaria e intentar aclarar las dudas.
A partir de ese momento, la ASF cuenta con tres meses máximo para revisar estas pruebas y solicitudes de aclaración; si no se responde adecuadamente, el caso se turna al área de investigación de la dependencia para que realice una indagatoria más a fondo.
Finalmente, si tras esta investigación la ASF demuestra que efectivamente hay irregularidades en los recursos ejercidos o no comprobados, el caso de judicializa y pasa al área jurídica de la dependencia.