La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará esta tarde el amparo 134/2021 que solicitaron integrantes del Comisariado Ejidal de Tecoltemi y la comunidad nahua de la Sierra Norte de Puebla. A través de este recurso buscan que la Ley Minera sea declarada inconstitucional e inconvencional.
De acuerdo con Fundar, una de las organizaciones que asesora a la comunidad, los artículos 6, 10, 15 y 19, así como las fracciones IV, V, VI y XII de dicha legislación vulneran los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas.
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Además, quieren que el máximo tribunal cancele dos concesiones de exploración, que forma parte del Proyecto Ixtaca, que la Secretaría de Economía (SE) entregó, en 2003 y en 2009, a la Minera Gorrión, filial de la canadiense Almadean Minerals.
Esto se debe a que la dependencia federal no realizó una consulta a los pueblos indígenas del municipio de Ixtacamatitlán, en Puebla, antes de entregar dichas concesiones. La Corte ha aplazado en dos ocasiones la votación del amparo.
La abogada del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, Itzel Silva, explicó que el Estado mexicano está obligado a realizar procesos de consulta, antes de otorgar permisos para proyectos que puedan afectar a comunidades indígenas.
Tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. El artículo 15 del documento, que entró en vigor en México en 1991, establece que el gobierno debe consultar a los pueblos interesados antes “emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.
Ello, con el objetivo de determinar si sus intereses serían perjudicados, y en qué medida. Independientemente de que la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo sean propiedad del Estado.
"El hecho de que sobre Tecoltemi se hayan entregado estas dos concesiones, sin que la comunidad se hubiera enterado, sin información, sin un proceso de consulta respectivo, sin consentimiento, es una afectación y violación a sus derechos", comentó a Grupo Fórmula.
Las concesiones se entregaron sobre 14 mil hectáreas del municipio de Ixtacamaxtitlán. Por lo que el Ejido de Tecoltemi no es la única área afectada.
La comunidad nahua forma parte de la Unión de Ejidos y Comunidades Alcohua, integrada por 15 agrupaciones del municipio con más afectaciones por las concesiones.
En este sentido, el ejidatario Leoncio Lobato, defensor de Tecoltemi, señaló que las autoridades no les consultaron si estaban de acuerdo en que entregaran las concesiones mineras sobre su territorio.
"¿Por qué no nos tomaron en cuenta? Aquí nosotros y todos los pueblos de la Sierra Norte no hemos tenido consulta para dar el consentimiento", expresó.
El Estado debe consultar a las comunidades
El vicepresidente de Minera Gorrión y responsable del Proyecto Ixtaca, Daniel Santamaría, comentó a Grupo Fórmula que cuando el gobierno entrega concesiones mineras son actos administrativos y no significa que entreguen el derecho para explotar la tierra.
Para avanzar con el proyecto de exploración aseguró que la empresa debe seguir varias reglas y contar con la autorización de varias instituciones, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Daniel Santamaría sostuvo que no se puede consultar a las comunidades sobre la entrega de las concesiones porque desconocen si durante la exploración van a encontrar algo o no y, por esa razón, no saben el lugar en el que podría ubicarse la mina.
"Nosotros llevamos 20 años y no hemos movido ni una sola piedra y nos tardamos 10 años [...] en identificar dónde podría estar el depósito mineral", mencionó.
Por otro lado, opinó que uno de los principales problemas es asumir que la entrega de una concesión es igual a una mina y uno de cada mil proyectos se convierte en una.
Al respecto, Diana Pérez, integrante del Consejo TiyatTlali e integrante de la defensa de Tecoltemi, apuntó que el gobierno está obligado a consultar a los pueblos siempre que se vaya a realizar o emitir algún acto administrativo que pueda afectarlos.
"En el Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo) no hay alguna interpretación respecto a si es un proyecto chico, si es un proyecto grande, si es una ley general o si es una ley federal. No hay distinción en relación a cuando debe consultarse o no", declaró en entrevista.
La Minera Gorrión presentó 8 informes preventivos ante la Semarnat, desde 2010, para realizar la exploración. Sin embargo, el de 2013 y el de 2017 no fueron aprobados. Por lo que la empresa sólo contó con la aprobación de 6 y su vigencia es de 18 meses.
La consulta tiene que ser libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, según la defensora, y la autoridad que emite el acto es la que debe organizarla. En este caso le corresponde a la Secretaría de Economía.
Tecoltemi representa a todas las comunidades afectadas
La Minera Gorrión señaló en un comunicado que en los 20 años que lleva operando en la región no ha realizado trabajos mineros en terrenos del Ejido de Tecoltemi, ni ha intentado negociar el acceso a sus terrenos.
El vicepresidente de la minera y responsable del Proyecto Ixtaca, Daniel Santamaría, dijo a Grupo Fórmula que la comunidad de Tecoltemi se encuentra a 8 kilómetros de distancia del lugar en el que podría ubicarse la mina, en caso de que se construya.
"El impacto que ellos van a tener sobre el proyecto no es significativo", destacó.
Asimismo, la empresa agregó, en dicho documento, que Tecoltemi se encuentra a una altura y en un sistema de afluentes totalmente diferentes. Así que la mina no afectaría a los suministros naturales de agua del Ejido.
Aunado a ello, señaló que es la única comunidad que forma parte del amparo en un municipio de 25 mil habitantes y afirmó que “no hay ninguna otra, ni siquiera alguna de las 12 en el área de influencia”.
Al respecto, Asael Moreno, integrante de la comunidad de Tuligtic (una de las tres más afectadas), advirtió que la minera “se equivoca” al decir que el Ejido de Tecoltemi no tiene nada que ver; pues forma parte de la Unión de Ejidos y Comunidades Alcohua y a través de esta se han organizado.
El 90 por ciento de los habitantes de Tuligtic no están de acuerdo con que se realicen actividades de exploración para construir una mina, advirtió a Grupo Fórmula. Lo mismo sucede en otras comunidades, como Almella y Vista Hermosa.
Consultas que ha realizado Minera Gorrión no son válidas legalmente
Daniel Santamaría resaltó que, a pesar de que se dedican a la exploración mineral, los derechos humanos son importantes para la Minera Gorrión.
Por ese motivo se acercaron a las comunidades y han participado en diálogos comunitarios e informativos con los integrantes de las comunidades afectadas.
“Se encontró que una de las preocupaciones más importantes de la comunidad era el tema del agua relacionado con una presa de jales”, dijo. Eso los llevó a comprometerse a no construir una presa de jales.
Durante las pláticas informativas, varias comunidades les han expresado que sí quieren que se construya la mina, mencionó el vicepresidente.
Incluso, la Minera Gorrión estableció un convenio de colaboración con la comunidad de Zacatepec, una de las tres más afectadas, para el uso del agua. Este consistió en un proyecto piloto para el uso del agua que ha permitido que los habitantes de la comunidad mejoren su sistema de riego y de distribución.
Diana Pérez sostuvo que la empresa no puede tener injerencia en las consultas que se deben realizar a los pueblos indígenas antes de entregar concesiones mineras; ni en las evaluaciones de impacto social o ambiental.
Aunque el Estado mexicano lo ha permitido porque las mineras suelen pagar a especialistas privados para que realicen sus estudios de impacto social y ambiental.
En el caso de la filial de Almadens contrató a Knight Piésold Engineering, de acuerdo con PODER, para elaborar una manifestación de impacto ambiental e informes económicos preliminares.
Esa empresa participó en los proyectos de Mount Polley, Canadá, y Yanacocha, Perú, donde hubo graves daños ambientales por derrames que dañaron la salud de las poblaciones.
Minera provocó la división de las comunidades de Ixtacamatitlán
Asael Moreno relató que la empresa ofreció empleos a los integrantes de las comunidades afectadas, tras la entrega de las concesiones para exploración, y muchos aceptaron porque necesitaban el dinero. Así empezó la división de varias comunidades.
En Tuligtic hicieron asambleas para informarse entre ellos y acordaron rechazar el proyecto minero. Aunque la empresa siguió insistiendo, la comunidad se sigue negando.
El defensor denunció que la minera ha difundido videos en los que aparecen personas que no son de Tuligtic, pero aseguran serlo, y los usan para decir que la comunidad está de acuerdo con el Proyecto Ixtaca.
Por otra parte, responsabilizó a la Minera Gorrión de la desintegración social en las comunidades, ya que hay una división entre quienes quieren que se construya la mina y aquellos que no están de acuerdo.
"Aquellos que están a favor de la minera te ven mal y te empiezan a señalar. Ellos dicen lo contrario que nosotros. Antes había armonía", agregó.
Asimismo, acusó a la empresa de aprovecharse de la situación económica y de las necesidades de los habitantes de las comunidades para convencerlos de que la mina es la mejor opción.
SCJN tiene una oportunidad histórica
La abogada de Fundar resaltó que, si el máximo tribunal suspende las concesiones y declara inconstitucional la Ley Minera, dejará un precedente para los permisos de explotación que se hayan otorgado sobre el territorio de comunidades indígenas sin un proceso de consulta.
"Sería muy importante que se reconociera esto porque sería una herramienta para otros pueblos y comunidades en la defensa de su territorio contra concesiones mineras", manifestó.
El defensor de Tecoltemi, Leoncio Lobato, espera que la Suprema Corte resuelva el amparo a favor de la comunidad nahua y tomen en cuenta los derechos de los pueblos originarios.
"Les pediríamos infinitamente que atiendan el clamor de los pueblos, estamos olvidados y no queremos seguir sufriendo las consecuencias no sólo por la minería. Otras empresas extractoras vienen a poner en riesgo y peligro la vida de los pueblos originarios", demandó.
Mientras que Asael Moreno resaltó que hay varias comunidades que han sido afectadas por "leyes malas". También destacó que si hubieran consultado a los habitantes de Ixtacamatitlán, el proyecto minero no hubiera avanzado tanto. Por lo que espera que el fallo de la SCJN sobre las concesiones y la Ley Minera sea a favor de la consulta.