El Juez Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, reconoció que la Secretaría de Economía violó los derechos de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, ubicada en la sierra-costa del municipio de Chinicuila; pues otorgó concesiones mineras a 2 empresas sin consultar a los habitantes.
Por ello, el pasado 21 de enero el Juez resolvió el juicio de amparo 590/2018 a favor de la comunidad y determinó que se ignoró el derecho de la comunidad a ser consultada de manera libre, previa e informada. Las concesiones están en poder de las empresas Las Encinas y ArcelorMittal.
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Asimismo, suspendió los títulos de concesión minera hasta que las empresas consulten a la comunidad nahua de San Juan Huitzontla.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló, en un comunicado, que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, de los dos últimos sexenios mantuvo posiciones contrarias a los derechos indígenas durante el proceso. A pesar de la alternancia política en 2018.
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Además, subrayó que debe abstenerse de impugnar la resolución obtenida por la comunidad de San Juan Huitzontla porque, de no hacerlo, vulneraría los “derechos colectivos de protección a la tierra y al territorio indígena que está obligado a proteger”.
De acuerdo con el Centro, la lucha de Huitzontla contra la minería se suma a la de múltiples comunidades que han acudido al Poder Judicial de la Federación para exigir el respeto a su derecho a la consulta; así como a la defensa de su tierra y territorio.
Revisarán la Ley Minera
Aunado a ello, indicó que la sentencia es relevante para el análisis del Amparo en Revisión 134/2021 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizará el próximo 2 de febrero y que fue presentado por la comunidad indígena de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla.
Este recurso pretende que el máximo tribunal cancele los títulos de concesión minera y que declare inconstitucional e inconvencional la Ley Minera por vulnerar los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas.
En este sentido, el Centro presentó su “Manual Antiminero” como una Amicus Curiae ante la Corte, es decir, una presentación para contribuir a la resolución. En este la organización resaltó el impacto negativo que genera la minería a gran escala para cientos de comunidades del país.
Adicionalmente, advirtió de la incompatibilidad de la Ley Minera vigente con la Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por México.
"Si la SCJN no realiza un análisis profundo sobre la Ley Minera, se seguirá validando una legislación que permite concesionar sus tierras y territorios sin considerar la obligatoriedad de que se les consulte y se obtenga el consentimiento libre e informado", agregó la organización.
Por último, sostuvo que si se valida la Ley Minera por segunda ocasión, las comunidades y pueblos indígenas estarían obligados a acudir a juzgados y tribunales de forma permanente para demandar las graves afectaciones que provoca la explotación de minerales.