La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), iniciaron los trabajos para recuperar los cuerpos de los 63 mineros que quedaron atrapados desde 2006 en la mina de Pasta de Conchos, ubicada en Coahuila; además de que los deudos recibirán una vivienda.
Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, encabezó la supervisión del Plan de Reparación para Pasta de Conchos y el rescate de los cuerpos, este miércoles, desde la localidad de Nueva Rosita. En el evento participaron funcionarios de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pormenorizó que se construirán lumbreras, o tiros PCT-1 y PCT-2, para comenzar con las labores de rescate de los 63 cuerpos de los mineros. Los trabajos estarán a cargo de Desarrollo de Terracerías S.A. de C.V. y PROACON México S.A. de C.V., a través de un contrato de 308 millones 909 mil 643.77 pesos.
El plan de rescate se encuentra dividido en tres etapas: construcción de las lumbreras, entre febrero de 2022 y abril de 2023; construcción de las rampas de acceso, galerías de administración y túneles de conexión, lo que requerirá de otros 20 meses, según CFE; así como las instalación de un sistema de ventilación y recuperación de cuerpos, lo que necesitará "un tiempo indefinido".
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Mientras que la Conavi reportó que 34 de las 65 familias afectadas se encuentran incorporadas a su programa para recibir una vivienda. De los 245 deudos, correspondientes a los 65 núcleos familiares, únicamente tres personas no han recibido una indemnización, anunció Segob.
¿Qué pasó en Pasta de Conchos?
El 19 de febrero de 2006, la acumulación de gas metano en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos causó un estallido, lo que sepultó a 65 trabajadores. De acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el lugar presentaba fallas en sus sistemas de seguridad desde el año 2000.
La última inspección hecha a Pasta de Conchos, el 12 de julio de 2004, arrojó 43 violaciones directas a las normas de seguridad e higiene, por lo que se emitieron 48 recomendaciones, mismas que no aplicó la STPS. Tras la explosión, las labores de rescate quedaron a cargo de la empresa encargada de la mina: Grupo México.
El 4 de abril de 2007, y tras sólo rescatar un par de cuerpos, Grupo México suspendió las labores, por lo que las familias acudieron a instancias judiciales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde acusaron la demora injustificada para aclarar los hechos.
Desde mayo de 2018, las familias de los mineros atrapados en Pasta de Conchos llegaron a un acuerdo con el gobierno federal, para que los cuerpos sean recuperados y se inicie un proceso en contra de los posibles responsables. Para 2019, y con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se estableció una mesa de trabajo al respecto.