La familia de una niña de 10 años del pueblo me'phaa denunció que el personal médico del Hospital Raymundo Abarca de Chilpancingo, Guerrero, se negó a interrumpir el embarazo de su hija el pasado 14 de febrero. A pesar de que obtuvieron un oficio del Ministerio Público que instruye a la institución de salud realizar el aborto, siempre y cuando no haya riesgos.
Para ello, el MP pidió un informe a varios directivos del hospital en el que detallen cómo van a atender su solicitud. En lugar de atender a la niña, el personal de salud obligó a sus padres a firmar un documento para que se comprometieran a llevarla al centro de salud de su comunidad para dar seguimiento a su embarazo. Por lo que quieren obligar a la niña a tener al bebé.
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Además, les indicaron que regresen en 8 meses al Hospital de Chilpancingo para que revisen a la menor. El director del periódico El Sur, Juan Ángulo, publicó el caso y señaló en entrevista con Denis Maerker que agraviaron los derechos de la familia indígena y no les importó que llevaran un oficio.
El comunicador detalló que la niña está en el límite de las 12 semanas de embarazo, es decir, el máximo para considerar la interrupción legal.
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Por otra parte, Juan Ángulo explicó que el Código Penal no está homologado con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que instruyó que el aborto sea despenalizado en ciertos casos. Por lo que es necesario realizar una denuncia en el Ministerio Público para solicitarlo.
Asimismo, acusó que los padres de la menor acudieron el pasado 15 de febrero a la clínica, por segunda ocasión, para solicitar que les entregaran el informe que solicitó el Ministerio. Estuvieron todo el día y no los recibieron.
Hasta ahora, no existe una postura oficial del hospital, ni de la Secretaría de Salud de Guerrero.