La tarde del 17 de octubre de 2019, mientras se daba el operativo fallido para la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, más de medio centenar de reos se escaparon del penal de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa. Fue el día del llamado "Culiacanazo".
Más de dos años después de aquel incidente, la semana pasada, las autoridades estatales de Seguridad encontraron en ese mismo penal un cúmulo de objetos prohibidos y que fomentaban actividades delictivas al interior.
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Se trata de 13 armas de fuego, 7 cortas y 6 largas; además de más de 1 millón 250 mil pesos en efectivo; bebidas alcohólicas y droga, aparentemente mariguana.
Pero no fue lo único. También se encontraron gallos y un espacio de tierra removido donde se revisó para descartar la presencia de un túnel.
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"Se han programado en diferentes momentos revisiones, el día de hoy se inició una revisión, se localizó un lugar donde había gallos y el terreno estaba removido", dijo el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda.
En el video difundido en su cuenta de Twitter se menciona que todo apunta a que estos productos se utilizaban entre otras cosas para realizar juegos de azar.
En su mensaje, el funcionario resaltó que el penal, a cargo de las autoridades estatales, no tiene condiciones para prestar sus servicios a detenidos por delitos federales.
"Hemos insistido mucho en que el centro de Aguaruto no reúne condiciones para albergar a personas que están bajo sentencia por delitos del fuero federal", insistió.
De acuerdo con el último Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional de septiembre pasado, el centro de Reinserción Social de Aguaruto, en Culiacán, tiene una capacidad para 2 mil 716 personas; y para ese momento no presentaba sobrepoblación, al contar entonces con sólo 2 mil 189 internos.
Sin embargo, 705, es decir, 1 de cada 3, se trataba de personas detenidas por delitos del fuero federal y las otras dos terceras partes estaban relacionadas con crímenes del fuero común. En ese momento se ubicó como el cuarto penal estatal con mayor proporción de internos por delitos del fuero federal.
A raíz de estos incidentes, se pidió desde el Congreso estatal que el propio Ejército custodie el centro penitenciario, mientras que se evalúa la destitución de la directora del penal.