El exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam se quedará en la Torre Médica del Centro de Reinserción Social de Tepepan hasta que se restablezca totalmente, así lo determinó un juez de control. La Fiscalía General de la República (FGR) le pidió al juez tres meses más para continuar con la investigación en el caso.
"Nos parece una medida que es desproporcional y peligrosa. Se cuenta con mucha evidencia médica oficial, de diversos hospitales públicos, sobre todos los padecimientos y el peregrinar, en donde se ha estado tratando al exprocurador, al señor Murillo Karam.
"Esta investigación tiene que ver más con el caso en sí mismo que con las cuestiones médicas, para poder terminar con las entrevistas y recabar documentos propios de la investigación, es decir, sobre los hechos que se están imputando", explicó el abogado José Javier López en entrevista 'Por la Mañana' con Ciro Gómez Leyva.
El abogado señaló que se insiste en tener privado de la Libertad a Murillo Karam, bajo el argumento de que hay un riesgo de fuga; con lo cual no concuerda en tanto que Murillo Karam tiene 74 años y necesita vigilancia médica las 24 horas.
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"Sí. Nos sorprendió la respuesta del juez. Esperábamos que se cuidara la vida, antes que cualquier medida y sobre todo la política criminal", expresó el abogado José Javier López.
El abogado apuntó que si Jesús Murillo Karam podría acudir a hospitales privados para atenderse; sin embargo, el juez consideró que por los cargos que había tenido Murillo Karam y por sus contactos, su riesgo de fuga era alto.
Por otro lado, el abogado José Javier López mencionó que la defensa puede probar la inocencia del exprocurador y que iban a seguir insistiendo que pudiera llevar su proceso en libertad, por su edad y por su estado de salud.
Finalmente, dijo que no tenía información de que un familiar de Murillo Karam esté bajo investigación de las autoridades
Jesús Murillo Karam está detenido desde el pasado 19 de agosto, tras lo que se le ingresó al Reclusorio Norte. Tras ello, ha sido hospitalizado 6 veces y se le investiga por los delitos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando se desempeñaba como procurador General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto.