El abogado Roberto Gil Zuarth señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría hablar con las autoridades de los Ministerios Públicos, así como de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los procedimientos de los ministerios públicos por los que la prisión preventiva, que no debería sobrepasar los dos años, se extiende más de la cuenta.
"Se le olvidó decir que el problema en la práctica es que los ministerios públicos van aumentando las causas. Uno entra por un homicidio, para evitar que esa persona salga de prisión, los ministerios públicos le abren otras carpetas, entonces esa persona tiene que defenderse de varias carpetas durante mucho tiempo", señaló Gil Zuarth.
"El presidente de la República puede pedirle a sus ministerios públicos que cambien sus medidas en esos casos, no tiene por qué estar esperando sentencia en prisión, el ministerio público le puede pedir a los jueces de control que en lugar de estar en prisión preventiva, se les ponga brazaletes, se les ponga arresto domiciliario, se les pongan limitaciones para salir de una determinada geografía; hay muchas alternativas", agregó el abogado.
Esta mañana, el presidente López Obrador se refirió a los casos de Brenda Quevedo, implicada en el caso Wallace, y el de Israel Vallarta, quien lleva 17 años sin sentencia en prisión; dijo que en su gobierno hay voluntad de que se haga justicia, por encima de las amenazas de cualquiera.
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"La Constitución es muy clara: ninguna persona puede estar privada de su libertad más de dos años sin tener sentencia. Lo acaba de decir la Corte hace unos meses, ratificando que uno debe de recuperar su libertad en un plazo no mayor a dos años. Es el caso del señor Vallarta, que según se sabe, tiene otras causas por secuestro", explicó Gil Zuarth.
Este martes 22 de noviembre continuará la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa. El proyecto del ministro Luis María Aguilar plantea que ésta deje de ser automática y que se estudie caso por caso su aplicabilidad.
"Quizá no sea un asunto de mera disposición del presidente de la Suprema Corte, sino de hablar con ministerios públicos y con la cabeza de los ministerios públicos para que apliquen la ley. Y en lugar de estar 'chicaneando' asuntos para alargar la estancia de esa persona en prisión; mejor, donde haya casos, que se vaya a juicio y donde no haya caso, que dejen a las personas en paz", dijo al respecto Roberto Gil.
"Es más, el asunto que se va a resolver hoy sobre prisión preventiva tiene como antecedente un caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue motivado por unas personas que estuvieron 16 años en prisión preventiva sin sentencia", explicó Gil Zuarth.
La discusión de la prisión preventiva como medida cautelar estuvo en la Corte en septiembre con un proyecto del mismo ministro Aguilar, después de que se discutiera durante días, el ministro retiró su proyecto para volverlo a presentar.
"Lo que va a discutir la Corte hoy, el proyecto del ministro Luis María Aguilar, tiene que ver con esos casos en los cuales una persona está prisión preventiva, sin sentencia, abusando de su presunción de inocencia, por un periodo larguísimo de tiempo, violación del debido proceso y de todas sus garantías individuales.
"Hay múltiples posibilidades para generar responsabilidad penal, reparar el daño. Tiene mucho trabajo el presidente en esa materia, podría revisar, no sólo estos, muchos casos, sobre todo mujeres que están en prisión preventiva, esperando sentencia con casos muy débiles o incluso porque no se defendieron a tiempo. Mujeres indígenas, vinculadas con delitos contra la salud porque estaban en un cultivo de amapola", señaló Roberto Gil Zuarth.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que puede dictarse para que una persona imputada por un delito que amerite pena de cárcel sea encarcelada sin la necesidad de una condena previa o una justificación del Ministerio Público, mientras se lleva a cabo el proceso en su contra.
"Más allá de la autonomía del Ministerio Público, más allá de la autonomía de la Fiscalía, el presidente tiene la posibilidad de conducir la política criminal, puede hablar con el fiscal; la autonomía no significa que no se puedan ver, tener un acuerdo. Una cosa es que le dé instrucciones el presidente para que un caso lo investigue o lo encause de diferente manera y otra cosa es que el presidente le pueda hacer una reflexión de política pública a su fiscal autónomo", dijo Roberto Gil Zuarth.