Ningún ser humano es ilegal, las fronteras en realidad son imposiciones hechas por personas en el poder: este es el posicionamiento que hacen Las Vanders, una organización feminista que -a partir del acompañamiento integral- defiende los derechos humanos de las mujeres migrantes y comunidad LGBTTTIQ+ en situación de vulnerabilidad.
En esa línea, los servicios de salud integral, es decir, aquellos mediante los que se procura el bienestar físico, emocional y social de las personas, se ha posicionado como un pendiente en la ‘batalla’ migrante por acceder de forma plena a este derecho reconocido en la Constitución Política y en la Ley de Migración de 2011. Mismo que se ha visto limitado por la exigencia de documentos como la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el comprobante de domicilio.
El Gobierno de México informa que como persona extranjera residente en México, se puede solicitar la Constancia Temporal de la CURP para extranjeros. Esta tendrá vigencia de 180 o 365 días naturales.
Y según el Censo de Población y Vivienda de 2020, en México residen 1 millón 212 mil 252 personas nacidas en otro país, de las que 593 mil 502 son mujeres.
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Exigencia de documentos a mujeres migrantes es un obstáculo para acceder a la salud
Con este panorama, Laura Nieto Sanabria, coordinadora general de Las Vanders, señala que la exigencia en papel sobre datos de identidad a las mujeres migrantes y personas gestantes en situación de movilidad se vuelve un obstáculo para acceder a, por ejemplo, consultas ginecológicas o asesoría en cuanto a la interrupción legal del embarazo (ILE).
"Muchas veces, por ignorancia del personal que está a cargo, se les pide el CURP, se les exigen muchísimos datos con los que no cuentan las personas que están en movilidad, eso implica que no puedan acceder a ese servicio al que tienen derecho", dice la activista a Grupo Fórmula en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Es así que hace énfasis en la capacitación del personal que da atención a la población mencionada. Esta misma, refiere, se debe dar también en términos de violencia basada en género.
Nieto Sanabria califica esta acción como fundamental debido a la falta de sensibilidad para tratar con mujeres migrantes y personas gestantes en situación de movilidad que son sobrevivientes de violencia a la que han estado expuestas, ya sea desde su país de origen o durante su camino para encontrar mejores condiciones de vida.
De acuerdo con el trabajo Migración y Salud, del Consejo Nacional de Población (Conapo), en la frontera sur de México las mujeres migrantes tienen un acceso selectivo y restringido al derecho a la salud y que responde al estatus migratorio.
Sin embargo, el análisis -documentado por Martha Luz Rojas Wiesner- añade otras mediaciones relacionadas con estereotipos que conducen a un trato discrecional.
"El contraste mayor se observa entre las mujeres que ya están naturalizadas más las que tienen residencia con estatus regular en comparación con el resto, básicamente sin documento migratorio", refiere el estudio.
De esta forma, Rojas Wiesner sostiene que si bien en México se han hecho esfuerzos para la protección al derecho a la salud, persiste una brecha enorme entre lo que se legisla, lo que se ejecuta y lo que se logra.
Gestión de la menstruación migrante ¿es digna?
La gestión menstrual digna supone que todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes tengan acceso gratuito a toallas sanitarias, tampones o copas menstruales para garantizar el acceso a estos insumos.
No obstante, la realidad para las mujeres migrantes y personas menstruantes que se encuentran en procesos de movilidad es muy distinta.
Pamela Castillo, coordinadora de Acompañamiento en México de Las Vanders, comenta a Grupo Fórmula que uno de los mayores desafíos es el acceso mismo a los insumos necesarios para una gestión digna de la menstruación.
"Hablamos desde toallas sanitarias hasta espacios higiénicos donde realizar los cambios o las limpiezas necesarias", reprocha.
Asimismo, denuncia que tienen conocimiento de que en las estaciones migratorias no se les otorga a las mujeres migrantes suficientes productos para llevar a cabo una menstruación digna.
También expone que existen variaciones en los ciclos menstruales debido al estrés al que son sometidas las personas en movilidad, esta situación incrementa la necesidad de que el Estado intervenga para garantizar el derecho que tienen las mujeres migrantes y personas menstruantes.
"En la mayoría de los casos estos insumos son ofrecidos tanto por albergues como por organizaciones, y cabe señalar que las personas migrantes no suelen acercarse por su propio pie hacia los centros de salud”, describe la activista.
Los insumos de la menstruación incluyen servicios y consejería para el período menstrual y su ausencia constituye la violación al derecho a la salud integral e incentiva la violencia estructural al impedir satisfacer sus necesidades básicas de las personas, explica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Estado tiene 3 tareas pendientes con las mujeres migrantes
Laura Nieto Sanabria agrega que los actores del gobierno deben garantizar espacios seguros para las personas en condición de movilidad, en especial para las mujeres migrantes y la comunidad LGBTTTIQ+.
Además, señala que en la República Mexicana no hay refugios públicos del Estado que se aboquen 100 por ciento a la cuestión migrante o a personas que estén en movilidad en el país.
"Toda esa tarea, que debería de ser del Estado, la está llevando a cabo la sociedad civil y cuando la lleva la sociedad civil sin suficientes recursos, o sin un protocolo que unifique las maneras en que se deben de tratar estos temas al interior de los refugios, suele ser muy problemático", indica.
En ese sentido, remarca que en dichos refugios privados la vigilancia real está ausente, logrando así registrar casos que atentan contra los derechos humanos de las personas.
La activista suma a los pendientes difundir información y sensibilización en cuanto a la comunidad migrante y en proceso de movilidad. Por ejemplo, reprocha que los medios de comunicación reproducen discursos de odio y fomentan la exclusión.
Por ello, Nieto hace un llamado a las autoridades a ser el garante de la seguridad de aquellas y aquellos individuos que transitan por el país y que llegan a ser violentados a causa del racismo y la xenofobia.
También reprueba atentar contra el libre tránsito, esto se ejemplifica con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras. Para abril de 2021, el Gobierno de México informó que 8 mil 715 elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados en la frontera norte y sur como parte del Plan de Migración y Desarrollo.
"El fin es contener la migración ilegal de personas provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe, principalmente, y cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos", justificó la autoridad federal.
No obstante, la organización civil apunta que este tipo de operativos impiden que las personas puedan seguir con su camino. "Implica también que no se les brinden los documentos necesarios para que su trayecto pueda ser legal en todo el país, implica que no existan estos espacios seguros para ellas y ellos e implica el hecho de que las mismas autoridades tampoco están suficientemente sensibilizadas en ese tema", condena Nieto Sanabria.
Finalmente, Las Vanders hacen un llamado a respetar el derecho al libre tránsito porque "a partir de que se respete, muchas cosas podrían cambiar, sobre todo, para las mujeres migrantes y las personas LGBT en situaciones de movilidad dentro de México".
Esta información forma parte de la investigación especial Sobrevivir juntas a la violencia contra las mujeres realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (#25N).