La investigación sobre el caso Ayotzinapa que inició la llamada cuarta transformación (4T) encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está en crisis debido a la confusión generada por el informe presentado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, mismo que no debería entorpecer las órdenes de aprehensión giradas contra señalados como responsables, advirtió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los cuatro expertos designados para investigar la desaparición de los 43 normalistas –Ángela María Buitrago, Claudia Cox y Cox, Carlos Martín Beristain y Francisco Cox- ofrecieron una conferencia de prensa en la que expresaron su preocupación ante el rumbo que las indagatorias han tomado recientemente.
En particular, se refirieron a distintos acontecimientos que han tenido lugar en los últimos meses, iniciando con el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) del pasado 18 de agosto, la presentación de 83 órdenes de aprehensión y el desistimiento de más de 20 de ellas, así como la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Durante su mensaje, los integrantes del GIEI insistieron en que las judicializaciones y órdenes de aprehensión giradas por este caso no están relacionadas ni deben vincularse al informe presentado por la Covaj, órgano encabezado por Alejandro Encinas y adscrito a la Secretaría de Gobernación, por lo que no puede justificarse la suspensión de las mismas.
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El informe de Encinas sobre el caso Ayotzinapa
La Covaj, encabezada por Alejandro Encinas, presentó el pasado 18 de agosto un informe con los avances alcanzados por la 4T en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mismo en el que se incluyeron 367 capturas de pantalla en las que aparecían conversaciones de WhatsApp entre supuestos responsables de los hechos.
Pese a que existe un acuerdo para compartir información sobre las indagatorias antes de hacerlas públicas, la información contenida en ese documento no se presentó de manera anticipada a los familiares de los normalistas ni al GIEI, acusó Carlos María Beristain.
Advirtió que como consecuencia de la presentación de informe de Encinas, con el que buscaba acelerar las indagatorias, provocaron una crisis de confianza en las instituciones involucradas en la investigación.
“Los acontecimientos suscitados a mediados de agosto respecto a la investigación, en un intento de acelerar los resultados del caso (Ayotzinapa) sin las debidas mecidas de investigación, ha conllevado a una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en la independencia y en la confianza en los resultados de la investigación, así como un desconocimiento en el papel del GIEI”, recalcó Beristain.
Desisten en órdenes de aprehensión por caso Ayotzinapa
A la par de la presentación del informe de la Covaj, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó 83 órdenes de aprehensión contra personas investigadas por la desaparición de los 43 normalistas, entre quienes se incluyó a militares, policías y supuestos miembros del cártel Guerreros Unidos.
Sin embargo, poco más de un mes, en septiembre, la FGR desistió de 21 órdenes de aprehensión giradas contra 16 soldados, el exprocurador de Guerrero Iñaki Blanco; el juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé; y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero.
La justificación para que la Fiscalía suspendiera dichas órdenes fue que los señalados no fueron mencionados en el informe presentado por Alejandro Encinas, según explicó el presidente López Obrador durante una de sus conferencias de prensa mañaneras.
Un mes después el propio AMLO no descartó la posibilidad de que estas órdenes de aprehensión se reactivaran.
Al respecto, el GIEI insistió en que no existe relación alguna entre las órdenes de aprehensión y el informe presentado por Encinas, por lo que no es válida la justificación dada por el presidente por la que la FGR se retractó.
“Es muy importante diferenciar la investigación de la UEILCA y el informe de la presidencia de Covaj (…) Las órdenes de captura obtenidas por la UEILCA no tienen relación con este informe, no se basan en este informe. Insistimos en que adjudicar las judicializaciones al informe de Covaj no corresponde a la realidad”, recalcó Claudia Paz y Paz.
Chats en informe de Encinas por Ayotzinapa podrían ser falsos
Luego de que se dieran a conocer las supuestas nuevas pruebas en el caso Ayotzinapa contenidas en el informe presentado por Alejandro Encinas, el GIEI solicitó a las autoridades las capturas de pantalla con los chats de WhatsApp para realizarles pruebas periciales y determinar su autenticidad.
Dicho análisis reveló distintas inconsistencias en al menos 181 archivos que no permiten comprobar la autenticidad de las evidencias, toda vez que no fue posible comprobar el origen de las capturas ni las fechas en las que fueron obtenidas.
Además, el peritaje reveló inconsistencias que suponen que las imágenes fueron editadas o que incluso fueron creadas en una fecha anterior a que ocurriera la conversación que aparece.
Por lo tanto, expertos del GIEI recalcaron que estos chats no pueden considerarse como una prueba 100 por ciento confiable que confirme el paradero de los 43 normalistas desparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, al no poder comprobar su veracidad.
Aunado a lo anterior, los expertos insistieron en que aunque no se pueda comprobar que las pruebas contenidas en el informe de Encinas son verdaderas, esto no sería justificación para frenar las órdenes de aprehensión contra las personas investigadas.
“Si bien esta prueba (en el informe de Encinas) ha mostrado su inconsistencia, los procesos de judicialización llevados a cabo por la UEILCA no se basan en ella. No hay ninguna relación entre las cuestiones por lo que no da lugar a un cuestionamiento (…) es decir, nada de lo judicializado utiliza el informe Covaj”, explicó Francisco Cox.
El GIEI advirtió que desde mediados de agosto se desencadenaron una serie de hechos que han aumentado la confusión y la perplejidad de las víctimas así como de la sociedad, como la renuncia del anterior titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, lo que “ha puesto en riesgo los avances así como el acceso a la verdad y la justicia” en el caso Ayotzinapa.