La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) concordó con el Grupo Interdisciplinaria de Expertos Independientes (GIEI) y con la Comisión de Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) en que la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam creó una narrativa para ocultar lo que había pasado con los normalistas de Ayotzinapa, a la que se llamó "verdad histórica" y se sumó a la petición para que se castigue a los responsables, desde una conferencia en la normal rural Isidro Burgos.
Por un lado, la CIDH reconoció el reposicionamiento del Estado en cuanto a la atención de víctimas; sin embargo, señaló que el uso de pantallazos cuya autenticidad ya fue cuestionada por el GIEI podría obstruir en la aplicación del debido proceso.
El enfoque central de preocupación es que los obstáculos que se están presentando para dar el seguimiento al proceso de investigación de la preparación de todo el material probatorio para presentar ante el juez o los jueces en la judicialización del caso pueda afectar el ritmo de esas investigaciones.
La localización de fragmentos óseos y la identificación genética positiva de Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz "en un lugar distinto al basurero de Cocula o al río San Juan constituyen una evidencia más que desvirtúa y demuestra las inconsistencias de la versión oficial sostenida por la entonces PGR sobre el destino final de los estudiantes", puntualizó la CIDH en su último informe.
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"En el marco de su obligación de garantizar los derechos humanos, México mantiene su deber internacional de investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la llamada “verdad histórica”, en especial por tratarse de personas que se desempeñaron como agentes estatales", señaló también el informe de la CIDH.
Al respecto, Esmeralda Arosemena, comisionada de la CIDH en México señaló que este informe también tiene un recuento de todos los elementos que representan y representaron la obstrucción de la justicia como la mal llamada verdad histórica, que yo le pongo el apellido, ni es verdad ni es histórica.
La supuesta incineración de los cuerpos en Cocula, porque no soy capaz de decir que eso pasó. La implantación del resto óseo en el río San Juan, las declaraciones de autoinculpación obtenidas bajo tortura, las diligencias fraguadas para construir una supuesta verdad que sólo intentó engañar a las familias de los 43 estudiantes, engañar al pueblo mexicano, y a las organizaciones, sus representantes y los organismos internacionales que supervisamos el caso, continuó Esmeralda Arosemena, la comisionada de la CIDH en México, en la presentación del documento.
La Comisión observó que esta situación cobró mayor relevancia considerando que, según las observaciones del GIEI, desde diciembre de 2014 la entonces PGR contaba con información relevante sobre el hallazgo de restos carbonizados en la Barranca de la Carnicería y, "pese a solicitudes del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) de realizar las diligencias ministeriales pertinentes, las autoridades ministeriales no dieron seguimiento a dicha línea de investigación para corroborar si los restos podrían tener relación el caso, ni para explorar el predio.
Arosemena cuestionó las intromisiones en el caso de agentes de la Fiscalía General de la República de personas ajenas a la UEILCA, las cuales derivaron en la salida de su titular.
Igualmente, señaló que las pantallazos dados a conocer tras la presentación del informe de Alejandro Encinas representaron "conclusiones adelantadas" que ensuciaron el trabajo que hasta entonces estaba haciendo la COVAJ.
"Le damos al Estado, a las instituciones, esta guía orientadora para conducir o reconducir aquellas acciones que sean necesarias para que esa investigación tenga el cauce debido. Si no hay independencia, no hay un aseguramiento ni de verdad ni de justicia", explicó la relatora.
"La investigación tiene que ser independiente, no puede haber injerencia ni del Ejecutivo ni del Legislativo ni de nadie", dijo Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.