Un tribunal federal invalidó este viernes el juicio contra el exdirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, mejor conocido como el ‘Rey de la Basura’.
Fue el Quinto Tribunal Colegiado Penal Federal con sede en la capital, quien ordenó reponer el procedimiento penal en contra del exfuncionario, por lo que se tendrá que resolver de nueva cuenta si debe o no continuar procesado y en prisión.
Por ello, un juez del Poder Judicial de la capital del país tendrá que definir en las próximas semanas si permanece tras las rejas por tentativa de trata de personas y otros delitos, u obtiene la libertad.
Aunque el amparo concedido por el tribunal implica que se retome el proceso contra el exlíder del PRI, esto no significa que retomará su libertad de forma inmediata.
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En realidad, el juez Décimo Séptimo Penal de la capital deberá revisar nuevamente las pruebas que lo vincularon a proceso y por las que se le dictó auto de formal prisión.
Recordemos que el exfuncionario fue detenido el 29 de diciembre del año pasado en la alcaldía Tlalpan, mientras que el 4 de enero del 2022 un juez con sede en el Reclusorio Oriente dictó auto de formal prisión.
El motivo de su detención es porque es acusado de los delitos de asociación delictuosa, trata de personas en la modalidad de publicidad engañosa agravada y cuatro delitos de tentativa de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada.
Las acusaciones en contra del llamado Rey de la Basura, lo involucran presuntamente en ser el líder de una red de prostitución a su servicio y de otros políticos, ya que mediante engaños contrataba mujeres jóvenes para supuestamente desempeñarse como asistentes, pero las obligaba a que ofrecieran servicios sexuales.
Gutiérrez de la Torre sólo estuvo algunas semanas en el Reclusorio Oriente, pues el 24 de enero fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Según lo informado por autoridades capitalinas, la razón de la reubicación del exfuncionario obedece a “cuestiones de seguridad”, al considerar que gracias a su alto poder económico podría convencer a personal de seguridad y custodia para acciones irregulares.