El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, señaló que la violencia vicaria es un problema de los Poderes Judiciales estatales y para combatirla es necesario generar nuevas leyes procesales, modificar los procesos judiciales familiares; que los jueces y juezas juzguen con perspectiva de género, así como considerar e interpretar los testimonios de niñas, niños y adolescentes.
"¿Qué se requiere? Si los Poderes Judiciales, las Fiscalías, las juezas y jueces, y todas las personas involucradas tomamos en serio [este problema] será posible modificar la realidad. No podemos resignarnos al abandono, tristeza o desesperanza", expresó Zaldívar durante el foro "Las obligaciones de las personas operadoras de justicia frente a la violencia vicaria".
La violencia vicaria es un tipo de violencia contra la mujer que se ejerce sobre las hijas e hijos y los agresores buscan hacerles daño a ellas, con el agravante de que se deshumaniza a las infancias, según Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y forense experta en violencia de género que acuñó el término.
Este tipo de violencia es posible porque las instituciones encargadas de la procuración de justicia no aplican la perspectiva de género y tampoco consideran la violencia estructural contra las mujeres.
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Además, la ministra Norma Lucía Piña Hernández mencionó que este tipo de violencia suele ser acompañada de otros tipos de violencia de género, como la psicológica, económica, patrimonial, que afectan a las mujeres y en su forma más extrema acaba en un feminicidio o en homicidio de los hijos e hijas de las víctimas.
"La violencia vicaria se gesta, a mi juicio, en 2 vacíos: la complicidad de la sociedad que normaliza la violencia de género y el eco de instituciones que mediante su falta de conocimiento, la van reproduciendo", sostuvo la ministra.
¿Qué pendientes tienen las instituciones de justicia entorno a la violencia vicaria?
Piña Hernández destacó que entre las obligaciones de los operadores de justicia está reforzar la formación del personal que labora en el ámbito jurisdiccional y es necesario que se realice en todas las instituciones del país. De forma que se apeguen al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos,
“[Es necesario] romper el pacto patriarcal en todas las instituciones, no solo mediante la perspectiva de género e interseccional, urge la transversalización con perspectiva de infancias, mediante apego al interés superior de la niñez”, añadió.
Las infancias también tienen que ser consideradas como sujetos de derechos y no solo como objetos, resaltó. Por otra parte, la ministra apuntó que para que los operadores jurisdiccionales juzguen con perspectiva de género e infancia ante situaciones de violencia vicaria tienen que comprometerse a detectarla a tiempo.
En segundo lugar tienen que prevenir la violencia vicaria, es decir, evitar que se concrete y para ello tienen que hacer uso de todas las medidas de protección existentes que ofrece la legislación. Incluso si se tienen que aplicar garantías de protección particulares para ciertos casos.
Entre las medidas que pueden aplicar están las órdenes de restricción que impiden el acercamiento del agresor, vigilancia en hogares y centros escolares; alertar a las autoridades de las instituciones educativas para que refuercen las medidas de seguridad, principalmente si hay niñas, niños o adolescentes que están en peligro.
Aunado a ello, se deberá garantizar la implementación de apoyo psicológico, profesional e individualizado para mujeres y menores que estén involucrados en contextos de violencia vicaria. En este sentido, es importante evitar la revictimización.
Por último, la ministra Norma Lucía Piña Hernández expuso la importancia de que la violencia institucional se reglamente en el contexto de la violencia de género.
"No podemos permitir que sea el sistema de impartición de justicia el que siga perpetuando y reproduciendo pautas de violencia contra las mujeres e infancias", concluyó.