Autoridades federales no han cumplido con la totalidad de condiciones para garantizar un regreso a clases seguro desde agosto del año pasado, cuando la organización Mexicanos Primero promovió un juicio de amparo ante la pandemia de COVID-19.
El año pasado, cuando inició el ciclo escolar 2021–2022, Aprender Primero, brazo jurídico de esta organización de la sociedad civil, presentó una demanda de amparo.
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En ella, señalaron que ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni la Secretaría de Salud (Ssa) cumplieron con la obligación de garantizar las medidas básicas para “un regreso a clases seguro a todos los estudiantes del país”, según señalaron en su sitio de internet.
“Desde hace algunos meses ya contamos con una suspensión definitiva”, detalló en entrevista para Grupo Fórmula el responsable del área de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero, Fernando Alcázar.
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Comentó que en septiembre obtuvieron una suspensión provisional y un mes después, fue definitiva.
Añadió que se cuenta con una orden judicial otorgada por un juez federal para que las autoridades, específicamente SEP y Ssa, cumplan con tres cuestiones particulares:
- Proveer a todas las escuelas del país de agua potable
- Proveer insumos necesarios para la prevención de contagios (como cubrebocas, gel antibacterial, termómetros)
- Emitir un protocolo obligatorio para dar seguimiento de la pandemia en escuelas.
Argumentan que, en agosto del 2021, la SEP publicó el Acuerdo 23/08/21 en el que se señalan 9 acciones para el regreso a clases presenciales y donde también se hace referencia a una “Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas”.
“Nos dimos cuenta que las recomendaciones no iban a ser suficientes. Las escuelas necesitan orientación y directrices concretas para saber qué hacer cuando se den los contagios”, señaló Alcázar.
El encargado del área de estudios jurídicos de Mexicanos Primero comentó que, aunque sabían que los cambios podían tomar tiempo, a la fecha aún se está en el proceso del cumplimiento de la orden judicial.
Como ejemplo, señaló que aún no se tiene el protocolo obligatorio sobre contagios. “La SEP ha sostenido que la guía de recomendaciones es un protocolo, cuando en el juicio se pronunció el juez y nos dio la razón y dijo que eso no es un protocolo”. Sobre este punto, comentó, aún se revisa con las autoridades correspondientes.
Derivado de la suspensión por esta demanda, se ha apercibido a las autoridades sin que al momento se haya llegado a multas. De parte de la organización, añadió, se seguirá insistiendo en que se lleven a cabo las medidas, incluso para futuros ciclos escolares.
“El juez es el principal responsable de dar seguimiento a ese cumplimiento. En su momento dará una resolución final”, comentó Alcázar.
Este medio consultó a la SEP y Ssa sobre cómo se ha atendido el amparo presentado por la organización y se espera aún su respuesta.
Hasta el martes 25 de enero, la SEP en voz de su titular Delfina Gómez, informó que al momento hay más de 170 mil escuelas abiertas por el regreso a clases de más de 230 mil planteles públicos y privados de educación básica en el país.
“En lo referente a escuelas tenemos 170 mil 782 planteles abiertos, en presentación de alumnos tenemos 14 millones 243 mil 222, y docentes un millón 281 mil 61”, indicó la secretaria Delfina Gómez en la conferencia matutina presidencial.