Lo que parecía poco probable de ocurrir respecto al caso de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, podría volverse realidad: el Instituto Nacional Electoral (INE) está cerca de aclarar lo sucedido en torno a los videoescándalos difundidos en agosto del 2020.
Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) se negó en tres ocasiones a otorgar una copia de la información relacionada con el hermano del mandatario, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una orden para que a la brevedad la documentación sea entregada al órgano electoral.
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Cabe señalar que la presión hacia la FGR se da a partir de que el INE promovió un juicio electoral al considerar que la negativa de colaboración por parte del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) “trastoca sus atribuciones constitucionales en materia de fiscalización, al obstaculizar desproporcionadamente los procedimientos en materia de revisión, control y vigilancia del origen y destino de los recursos utilizados en materia electoral y partidista”.
Ante ello, el TEPJF en el juicio SUP-JE-262/2021, interpuesto contra el Ministerio Público Federal, detalló que los argumentos presentados por el Instituto son “sustancialmente fundados”, pues contrario a lo expuesto por la FEDE, el “marco jurídico mexicano sí reconoce de manera expresa un deber de colaboración que deben observar las autoridades integrantes del Estado Mexicano, en sus tres niveles de gobierno, de lo que deriva la inoponibilidad del secreto ministerial al INE, cuando éste actúa en ejercicio de sus facultades de investigación”.
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Asimismo, la Constitución también le confirió al órgano electoral las facultades necesarias para implementar los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.
De esta forma las disposiciones constitucionales y legales permiten dotar al INE de las facultades necesarias y suficientes para poder llevar a cabo el ejercicio de su función fiscalizadora en las mejores condiciones, y sin obstáculos y obstrucciones.
Por lo anterior, la determinación del Tribunal permite al Instituto llevar a cabo plenamente su función fiscalizadora, y con ello, dar tratamiento a la información que en un principio fue protegida por el secreto ministerial.
“Así, debe entenderse que el INE cuenta con la posibilidad de superar el secreto ministerial y solicitar información a las autoridades de la materia, pues ello permite cumplir con la función fiscalizadora que tiene asignada para vigilar el origen y destino de los recursos de partidos políticos, protegiendo con ello los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, así como el combate a la corrupción evitando actos lesivos por parte de los actores políticos”, indica el juicio SUP-JE-262/202, consultado por Radio Fórmula.
Recordemos que Pío López Obrador es investigado por la filtración de un par de videos, grabados en 2015, en los que se le ve recibiendo dinero en efectivo de las manos de David León, ex coordinador de Protección Civil y ex operador de Manuel Velasco.