El asunto tiene su origen en dos solicitudes por las cuales el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE solicitó una copia simple de una carpeta de investigación de Pío López Obrador, ya que estimó que la información es necesaria para la sustanciación de diversos procedimientos en materia de fiscalización.
Ante las solicitudes, la Directora General de Asuntos Jurídicos y el Agente del Ministerio Público de la Federación de la FEDE, ambos pertenecientes a la FGR, negaron otorgar copia de la citada documentación, por lo que el Secretario Ejecutivo del Consejo General del INE promovió dos juicios electorales.
En el juicio electoral 262 del 2021, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso propuso desechar el juicio por considerar que la materia no era electoral sino, por el contrario, penal. Esta propuesta fue rechazada por los votos de la magistrada Janine M. Otálora Malassis y de los magistrados Felipe Fuentes Alfredo Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, así como de José Luis Vargas Valdez, aunque si bien este último consideró que sí era procedente el juicio estimó que el secreto ministerial sí era oponible en el caso concreto.
La mayoría, integrada por la magistrada Janine M. Otálora Malassis y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, determinó que el secreto ministerial no es oponible a las facultades fiscalizadoras del INE.
Pío López Obrador es investigado debido a que fue exhibido en video recibiendo fajos de billetes de David León, ex coordinador de Protección Civil y ex operador de Manuel Velasco, durante las campañas de 2015.