Un grupo de senadores republicanos advirtieron con "consecuencias aplastantes" contra la próxima administración del Gobierno de México, que estará encabezada por Claudia Sheinbaum, en caso de que no ofrezca una solución a las "acciones ilegales" del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien declaró como Área Natural Protegida una zona reclamada por la empresa Vulcan.
A través de un comunicado emitido este jueves, los senadores Katie Britt -que representa a Alabama- y John Cornyn -de Texas- acusaron al presidente López Obrador por apoderarse de manera ilegal de un puerto de aguas profundas, mismo que es propiedad de la empresa Vulcan Materials Company, que cuenta con su sede en Alabama.
Más adelante, los legisladores acusan a López Obrador de lo que consideran como una expropiación, un ataque contra el Estado de Derecho, así como un peligro para los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos, "pronto aprenderán que cumplimos con nuestras promesas", advierten.
La administración mexicana entrante no querrá pagar las consecuencias aplastantes de las acciones ilegales del presidente López Obrador", advierten los senadores.
En el mismo comunicado, Katie Britt recordó que el pasado mes de mayo escribió una carta a Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como parte del segundo aniversario que las instalaciones de la cantera de Calica -que fueron concesionadas a Vulcan por 35 años- fueron tomadas por efectivos del Ejército mexicano tras una orden emitida por López Obrador.
Asimismo, en julio de 2024, la senadora condenó las intenciones del gobierno mexicano de querer designar como Área Natural Protegida los terrenos concesionados a Vulcan. Es por eso que la legisladora, junto a otros representes, presentó la Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero.
¿Qué pasa con Vulcan?
A pesar de que Vulcan cuenta con una concesión de hasta 35 años para operar una mina encargada de extraer piedra caliza, en Quintana Roo, el gobierno mexicano consideró que sus acciones provocaron graves daños ambientales , además de que violó permisos y operó con irregularidad, según la Procuraduría Federal del Protección al Medio Ambiente (Profepa).
Luego de la denuncia realizada por la Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) clausuró la extracción de piedra caliza en esta planta localizada en Playa del Carmen. Desde entonces, Vulcan Materials emprendió acciones legales contra el gobierno mexicano.
El gobierno de López Obrador ofreció pagar 6 mil 500 millones de pesos por los terrenos donde se encuentra la mina de Calica, pero la empresa rechazó la oferta pues consideró que se subvaloraba los activos que contiene el terreno.