Una nueva polémica vuelve a rodear a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ahora debido a que un auditor federal investiga a su titular Anne Milgram por otorgar indebidamente millones de dólares en contratos sin licitación a sus socios anteriores, así como por su aparente abuso de poder.
De acuerdo con información proporcionada por la agencia The Associated Press (AP), la investigación parte de unos contratos con un valor de 4.7 millones de dólares, a través de los cuales, la funcionaria habría contratado a 12 personas cercanas a su círculo.
Estas personas trabajaron con Milgram cuando fungió como Fiscal General de Nueva York y docente de la Universidad de Nueva York, donde manejan inteligencia, análisis de datos, alcance comunitario y relaciones públicas, el cual requiere autorizaciones de seguridad y tradicionalmente lo realiza la propia fuerza laboral de la DEA, que comprenden al menos 9 mil empleados.
Caos al interior de la DEA
Lo anterior ha llevado a que múltiples altos funcionarios de la agencia de seguridad se enfrenten a una serie de preguntas sobre la adjudicación de contratos lucrativos por parte de la DEA a personas cercanas a Anne Milgram.
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Según lo expuesto por el medio estadounidense VICE News, la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) perteneciente al Departamento de Justicia ya ha establecido comunicación con al menos siete personas en los rangos más altos de la agencia.
Los funcionarios están bajo investigación sobre un posible fraude de adquisiciones, el cual, en caso de comprobarse, podría tener consecuencias que pueden ir desde sanciones administrativas hasta cargos penales.
No obstante, en plena pesquisa varios funcionarios han dejado la DEA por voluntad propia o han asumido cargos nuevos, por lo que según fuentes de la agencia se prevé una mayor rotación en los próximos meses.
Respecto a la investigación, VICE News confirmó que en una tercera fase de la pesquisa de la OIG involucra a un contratista de nombre José Cordero cuya función es la de indagar los casos de la agencia, y quien se dice tuvo una relación laboral previa con Anne Milgram en la oficina del Fiscal General en Nueva Jersey en 2007.
En aquel entonces lo nombró el primer director estatal de pandillas, armas y delitos violentos de Nueva Jersey; sin embargo, tres semanas después de que la funcionaria se convirtiera en jefe de la Administración de Control de Drogas, la agencia le pagó a Cordero un contrato por casi 400 mil dólares.
Tal como lo mencionábamos previamente en los últimos meses se ha presentado una reorganización en la cúpula de la DEA, como es la salida del director financiero de la agencia y el reemplazo del anterior jefe de gabinete por Saritha Komatireddy, quien fuera la fiscal federal principal en el juicio del exfuncionario mexicano Genaro García Luna.
A dichos cambios se suma el de Nick Palmeri, un exfuncionario de la DEA en México, quien se retiró de su cargo en medio de investigaciones sobre su presunta mala conducta.
Según VICE News el caso de dicho personaje fue ignorado por la Revisión de Operaciones Extranjeras de la DEA, la cual fue llevada a cabo por un exjefe de la agencia y un exfiscal federal, y que ahora es examinada por el senador republicano de Iowa, Chuck Grassley.
A su vez, este funcionario se encuentra en búsqueda de información sobre un “contrato de fuente única” otorgado a la firma de abogados WilmerHale por la DEA, cuyo informe tuvo un costo de 1.35 millones de dólares y el producto final “pasa gran parte de sus 49 páginas citando documentos disponibles públicamente que uno podría haber sacado de un sitio web o de la DEA”.
Por ello, Chuck Grassley solicitó una versión sin editar del informe, además preguntó si el portavoz de WilmerHale tiene alguna relación cercana a Anne Milgram._ Con información de VICE News y AP