En el marco de la guerra Rusia y Ucrania, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los Derechos del Niño en la Ofician del Presidente de la Federación Rusa.
¿La razón? Putin es señalado por ser presunto responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños y traslado ilegal de infantes de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia, en virtud de los artículos 8-2A y 82B del Estatuto de Roma.
Dichos delitos, explican, se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022.
"Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros -artículo 25-3A del Estatuto de Roma- y por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos”, detallan.
Por su parte, Maria Lvova-Belova es presuntamente responsable por los mismos actos señalados.
Ante esto, la Sala de Cuestiones Preliminares II consideró que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación y traslado ilegal de niños.
Dicha información era secreta para proteger a víctimas y testigos y también para salvaguardar la investigación. No obstante, debido a la presente situación, la Sala consideró que es de interés de la justicia autorizar a la Secretaría hacer pública la existencia de las órdenes de arresto.
Las órdenes de detención antes mencionadas se emitieron de conformidad con las solicitudes presentadas por la Fiscalía el 22 de febrero de 2023.
¿Putin puede ser arrestado?
De acuerdo con DW Noticias, la Corte Penal Internacional tiene algunos limitantes, ya que su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma -tratado constituyente de la organización- o a los nacionales de estos.
Por lo que, hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel o Rusia. Por ello, las órdenes de arresto no serían validas.