El juez Paul Golspring, de la Corte de Magistrados de Westminster, remitió una orden de extradición este miércoles a la ministra británica del Interior, Priti Patel, para que sea firmada y que de esta manera el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pueda volver a Estados Unidos.
Patel tendrá un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega del documento, mientras que la defensa del australiano ya ha indicado que la rebatirá dentro del periodo de cuatro semanas previsto, que acaba el 18 de mayo.
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Según la ley, la titular de Interior solo puede ejercer su prerrogativa de prohibirla en casos específicos amparados por la Ley de Extradición de 2003 y siempre conforme a los acuerdos con el país demandante, en este caso: Estados Unidos.
La eventual decisión de Patel podrá ser recurrida por las partes, la justicia estadounidense o Assange, pero solo si el Tribunal Superior lo autoriza.
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Assange estuvo presente hoy en la corte a través de videoconferencia desde la prisión de alta seguridad de Belmarsh, que está en Londres. Mientras continúa el proceso tendrá que permanecer en prisión.
El pasado 14 de marzo, el Tribunal Supremo, el más alto del Reino Unido, dio luz verde a la extradición de Assange al rechazar un recurso suyo que buscaba impedirla e instruyó a Vanesa Baraitser, la jueza de primera instancia, a emitir la orden que ahora debe sancionar el Gobierno.
Ese fallo puso fin a un proceso judicial que arrancó el 21 de enero de 2021, cuando la jueza Vanesa Baraitser, de primera instancia, denegó la entrega del acusado al considerar que presentaba riesgo de suicidio y que las condiciones penitenciarias en EU podían molestarlo.
Aunque la magistrada aceptó entonces el argumento de la defensa sobre la salud del acusado, desestimó otros que sus abogados podrían decidir recurrir ahora. Si lo hicieran, en principio el Superior solo lo examinaría una vez se conociera la respuesta de Patel.
Si no hubiera ningún recurso, la extradición se produciría en los 28 días siguientes de haber sido autorizada por la ministra, de acuerdo con la página web del Gobierno.
La defensa de Assange tendría aún la opción de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mientras que Estados Unidos lo requiere para procesarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática que, según su equipo legal, pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en dicho país.
Las acusaciones están relacionadas con las publicaciones de su portal WikiLeaks, que en 2010 y 2011 expuso abusos del Gobierno de los Estados Unidos en su centro de detención de Guantánamo, en Cuba, así como presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.