A través de un vídeo colgado en redes sociales, la activista feminista y periodista Daniela Reyes, denunció que el pasado 7 de marzo, fue intimidada por elementos de la policía estatal en el domicilio de sus familiares. Elementos del Gobierno del Estado acudieron a su vivienda para “invitarle” a manifestarse el 8M de manera pacífica.
Este hecho ha causado indignación entre colectivas feministas de Baja California Sur, de acuerdo al relato de Daniela Reyes, la policía acudió a otros tres domicilios más, es decir, la autoridad estatal localizó ubicaciones de feministas de La Paz para tratar de intimidarlas y no ocurrieran incidencias en el marco de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres.
“Esto es ilegal por todas partes porque primero ¿cómo obtuvieron los domicilios? utilizando inteligencia contra las activistas, sea la forma en la que sea es un delito filtrar datos personales y que sea de personas defensoras de derechos humanos me parece gravísimo”, dijo Daniela Reyes.
Recordó que el artículo 16 de la Constitución dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, si no es a través de un mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Hecho que no sucedió y por lo tanto, el actuar de la policía es totalmente anticonstitucional.
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“Ojalá y solo ojalá la policía en lugar de hostigar e intimidar a activistas y usar esos recursos, personal, tiempo e inteligencia, fueran para prevenir la violencia de género porque para eso sí tiene atribuciones”.
Explicó que ella y sus compañeros consideran que con estas estrategias pareciera que se busca infundir miedo en las activistas para debilitar la causa, provocar al movimiento para justificar el uso de la fuerza pública.
“No lo sabemos, pero lo que sí preocupa es que el gobierno estatal emprende estas estrategias cada vez más hostigadoras hacia las activistas. En la marcha el 25 de noviembre los mismos policías estatales que hoy se acercan a ayudar e invitar a marchar pacíficamente, detuvieron arbitrariamente con uso de la violencia y sin fundamento legal a una manifestante y la incomunicaron por varias horas”.
Interponen queja ante Derechos Humanos
Daniela Reyes, responsabilizó al Gobierno de Baja California Sur a cargo de Víctor Castro Cosío si algo le sucede a ella o alguna de las manifestantes, también a sus familias. Además, exigen dar con el responsable detrás de esta instrucción y se haga justicia.
Activistas ya interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, pidieron a mujeres a que acudan a estas instancias de haber sido víctimas de algún tipo de acoso e intimidación. Además, exigieron un freno al acoso e intimidación hacia las activistas y de la criminalización de las protestas.