Inés Gómez Mont reapareció... a través de supuestos mensajes de WhatsApp en los que culpa al exprocurador fiscal Carlos Romero Aranda, quien fue removido del cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ser el artífice de la persecución penal en su contra.
La actriz y conductora es investigada, junto a su esposo Víctor Álvarez Puga, por lavado de dinero y defraudación fiscal, producto de un presunto desvío de 3 mil millones de pesos en contratos con la Secretaría de Gobernación, que fueron triangulados mediante empresas fantasma.
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La revista Emeequis tuvo acceso a un supuesto mensaje del referido servicio de mensajería instantánea en el que Gómez-Mont acusa a Aranda de perseguirla a ella y a su esposo de manera injusta, debido a líos de "faldas" en el pasado: "se juntaron el hambre y las ganas de comer", señala.
Los presuntos mensajes agregan que Gómez Mont puede perder la custodia de sus hijos, por lo que alega que peleará como una "bestia" para que no se los quiten. "Pelearé como una bestia", dice la celebridad e influencer, quien cuenta con orden de aprehensión y una ficha de la Interpol.
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¿Quién es Romero Aranda?
El pasado 15 de diciembre, López Obrador anunció cambios en su gabinete y en su gobierno. El principal de esos ajustes, fue remover de su cargo a Romero Aranda, quien fue señalado por la revista Proceso de ser indagado por evasión fiscal, para en su lugar poner a Félix Arturo Medina Padilla al frente de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
De acuerdo con Proceso, Romero Aranda es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por la compra de bienes por 29 millones de pesos durante un periodo donde sus ingresos no superaban los 6 millones.
Romero Aranda fue nombrado como procurador fiscal en novimebre del 2018. Antes se desempeñó como director de Amparos contra Leyes en la Procuraduría Fiscal de la Federación en la Secretará de Hacienda y Crédito Público y como abogado postulante en Litigio Fiscal y Administrativo.
El funcionario ahora es vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), un cargo de menor rango al que tenía anteriormente. Como procurador fiscal fue clave en el armado del caso contra Gómez Mont y Álvarez Puga.